La sentencia del juicio del procés deja entrever que la intención del gobierno catalán no fue la proclamación de un estado independiente sino forzar al gobierno de España al diálogo para celebrar un referéndum legal.
La posición actual del independentismo parece ir encaminada en este sentido, a que se reconozca su derecho a la autodeterminación, es decir, a decidir su independencia y, en consecuencia, se permita la consulta.
Según el profesor universitario José Tudela, tal derecho solo está reconocido en las relaciones internacionales para los territorios conolizados o cuando se trata de minorías reprimidas, perseguidas o con derechos vulnerados, como fue el caso de Kosovo.
Escocia celebró en el 2014 un referéndum de independencia porque «el parlamento británico lo permitió» y es «un caso distinto», porque esta se unió a Inglaterra en el siglo XVIII por un acta que contempla su posible separación.
Algunos estados de Estados Unidos, como Alaska, Texas y California, o Baviera en Alemania, han pedido en los últimos años referéndums que han sido denegados porque «no hay ninguna constitución en el mundo que contemple el derecho a la autodeterminación», asegura Tudela, que explica que incluir un derecho que te puede destruir «es totalmente antagónico al concepto de Estado».
Además, añade que «ni con la Constitución española ni con ninguna otra se puede autorizar un referéndum de independencia».
En el caso de Cataluña, solo «si se constata que existe una mayoría clara y una insatisfacción que dura en el tiempo, se debería negociar», afirma Tudela, para quien «lo ideal sería buscar una fórmula que mejorase el autogobierno y reconducir la situación».
En ningún caso, indica el experto, se debería negociar la independencia y «la decisión en último término corresponde al Estado».
