El lío por la independencia de Cataluña no solo está lejos de solucionarse sino que se agranda conforme pasan los días sin que los políticos españoles y catalanes se sienten a dialogar. El nuevo episodio del culebrón catalán tiene como protagonista la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, como se conoce al proceso soberanista catalán que derivó en la celebración del referéndum del 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia de Cataluña un par de días después.
La semana pasada se dio a conocer el veredicto del alto tribunal que condena a nueve dirigentes independentistas, entre ellos el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por alteración del orden público y gastarse dinero de todos los catalanes en las votaciones.
El juicio ha durado ocho meses y ha sentado en el banquillo a antiguos miembros del Govern, autoridades del Parlament catalán y otros líderes de asociaciones ciudadanas que alentaron las protestas en torno al referéndum.
Todo este embrollo se remonta a septiembre de hace dos años cuando los partidos independentistas que gobernaban el Parlament aprobaron una ley de desconexión del marco constitucional español y convocaron un referéndum para que los ciudadanos pudieran votar a favor o en contra de la independencia.
El Tribunal Constitucional declaró ilegal la consulta, pero los secesionistas siguieran adelante con su desafío.
En los días previos al referéndum hubo grandes movilizaciones y se vivieron momentos de tensión durante los registros que la Policía y la Guardia Civil realizaron en distintos lugares de Cataluña y en dependencias del Govern.
En estos registros se confiscaron papeletas, urnas y se recabaron documentos para ver cómo se iba a pagar todo el material necesario para realizar la consulta.
El 1 de octubre se celebró el referéndum en una jornada con graves enfrentamientos entre las personas que acudieron a votar y los policías que debían impedir la votación, dejando numerosos heridos en ambas partes.
El Govern dio por buenos los resultados del referéndum que, con una participación del 43% de los ciudadanos, se decantó por un 90% de los votos a favor de la independencia.
Dos días después, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, realizó la declaración unilateral de independencia y proclamó la nueva República de Cataluña.
Aunque esta declaración fue suspendida de inmediato por el propio Puigdemont, que abría la puerta al diálogo con España para poder celebrar un referéndum con todas las garantías legales.
Todos estos acontecimientos derivaron en la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, mediante el cual se suspendió la autonomía de Cataluña, se tomaron las riendas del Parlament y se convocaron nuevas elecciones en la comunidad.
Los líderes separatistas y algunas autoridades del Parlament fueron encarcelados, mientras que otros huyeron de la Justicia, como es el caso de Carles Puigdemont, que se encuentra actualmente en Bélgica.
¿Una sentencia justa?
La sentencia del procés ha provocado reacciones variadas, desde quienes la consideran «una venganza» contra el independentismo a quienes opinan que es «débil con los procesados» a los que habría que haber impuesto penas más duras.
El dictamen del Tribunal Supremo considera que lo sucedido entre finales de septiembre y comienzos de octubre en Cataluña fue un delito de sedición y no de rebelión, puesto que la intención del gobierno catalán no fue en ningún momento la proclamación de un estado independiente sino forzar al gobierno de España al diálogo.
La diferencia entre los delitos de sedición y rebelión ha sido, precisamente, uno de los ejes que ha marcado el juicio del procés, puesto que las condenas por rebelión son más largas.
Según explica José Tudela, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, «básicamente, la diferencia entre ambos es lo que se protege. En uno es el orden público y la aplicación de las leyes, y en otro el orden constitucional y la unidad del estado».
El profesor universitario considera que lo que sucedió en Cataluña en el otoño de hace dos años fue «una mezcla entre ambos», aunque los jueces han optado por la escala baja, algo que le parece «bueno y prudente».
«La sentencia del Tribunal Supremo constata que hubo una voluntad aparente de alterar el orden constitucional pero dice que fue siempre aparente» indica Tudela, ya que «en realidad, no había una estructura jurídica ni violencia organizada ni capacidad para proclamar de manera efectiva la independencia».
Para el experto, una sentencia judicial es siempre justa. «Hay que tener en cuenta que los jueces no determinan sobre los hechos que vemos en televisión sino lo que ha sido probado en la instrucción y en el proceso judicial», sostiene.
Sobre quienes piden penas más duras para los acusados, dice que en España se frivoliza con las penas de cárcel y que «12 o 13 años en prisión es un tiempo nada desdeñable». En ese sentido, apunta, la sentencia «es dura» y reconoce que «los hechos fueron de extrema gravedad».
Más allá del descontento actual con la sentencia del Supremo, el lío soberanista catalán ha provocado una grave crisis de convivencia no solo entre Cataluña y el resto del Estado sino en la propia sociedad catalana, donde el independentismo no cuenta con el respaldo de una amplia mayoría social.
«Un dato en el que se insiste poco es que ese actuar del poder público catalán ha vulnerado los derechos de todos los catalanes, y especialmente de aquellos que no se sienten identificados con la independencia», asegura el profesor universitario.
Por otra parte, Tudela niega que la resolución judicial sobre el referéndum sea una venganza contra el independentismo, ya que «defender la independencia en España no es delito, algo que sí sucede en otros países».
El experto en nuestra carta magna señala, además, que lo que los jueces han juzgado en este caso no es «la defensa del independencia sino la utilización del poder y el uso de medios ilegales para quebrar el orden público».
Por eso, concluye que los líderes del procés «no son presos políticos», ya que, no están en la cárcel por sus ideas sino por sus actos».
Tras la sentencia, llega ahora el momento de que los políticos hagan su trabajo y resuelvan el conflicto en Cataluña.
Según Tudela «si se quiere ese objetivo, se ha de seguir un procedimiento», aunque advierte de que «ninguna Constitución del mundo contempla que se pueda realizar un referéndum sobre la independencia de un territorio».
