La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo, en esta ocasión una estocada directa a sus entrañas. Las grandes editoriales musicales se han unido por primera vez para manifestar su voluntad de retirar el repertorio internacional del catálogo de al entidad, que supone un total del 40% de los derechos de autor.

Tras verse comprometidos su prestigio y su integridad en numerosas ocasiones, la última hace un año en la operación Rueda -se destapó la utilización fraudulenta de la franja nocturna para recadar millones de euros por unos pocos socios-, Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic, es decir, los grandes gigantes de la industria discográfica han decidido dar un golpe en la mesa y retirarse de la sociedad. Argumentan estar hartos de irregularidades, fraudes y, en general, de una gestión dañina. Y añaden que mientras los miembros sospechosos no abandonen el barco, entre ellos el director José Miguel Fernández Sastrón, y se tenga la seguridad de que hay transparencia en las cuentas, no tienen intención de dar marcha atrás a una medida que se haría efectiva en enero del 2019.

MÁS DE 30 MILLONES DE EUROS / Ya no pasaría por la SGAE el 85%-90% de las canciones que se escuchan en las radios y las televisiones españolas, que según se calcula suponen para la entidad más de 30 millones de euros. Las majors quieren con esa medida denunciar el reparto injusto de los derechos de autor, algo que puede causar un efecto rebote y llevar a la retirada también del catálogo español. Así, además de llevarse a Lady Gaga, Radiohead, Bruce Springsteen y Céline Dion, entre otros, también podrían desparecer Alejandro Sanz y Joaquín Sabina. Y no solo eso. También las discográficas pequeñas o independientes quizá seguirían el ejemplo de las grandes produciéndose un abandono masivo de la SGAE.

De ser así, se confiaría a una entidad extranjera la gestión de los derechos de autor, después de la aprobación el pasado 15 de abril de un real decreto que liberalizó el mercado en Europa. También se apunta la posibilidad de un organismo privado en España, pero por el momento hay que esperar seis meses para conocer si las compañías continúan su proceso y buscan otro hogar para los derechos de autor de sus músicos o le dan una última oportunidad a la SGAE. En caso contrario, la entidad podría tener los días contados.

De hecho, Rafael Aguilar, presidente de Peermusic aseguró ayer a Efe que el catálogo que quieren retirar «es un peso muy importante y somos conscientes, pero no queremos ser socios de un club donde se nos engaña y donde nuestros autores salen perjudicados. Nos queremos ir a un sitio donde haya justicia y equidad», reivindica. Así, estos gigantes editoriales lo que quieren es denunciar, «no amenazar”» un reparto «injusto» de derechos de autor.

«Queremos un reparto justo y equitativo, no puede ser que canciones que suenan por la noche -en referencia a la llamada rueda de las televisiones- se lleven más dinero que canciones de Joaquín Sabina o Alejandro Sanz», expresó Aguilar, que aseguró que cada editorial, a pesar de la coincidencia en el envío de sus misivas a la SGAE que se conoció ayer, «actúa por su cuenta».

Según añadió, tras esta salida, que se haría efectiva el 1 de enero de 2019, ya que la ley obliga a que se haga con seis meses de antelación, están «dispuestos a todo». Es decir, según añade, a partir de ahora tienen seis meses para ver qué harán «con el repertorio local», porque hay autores españoles y latinoamericanos que «estén dispuestos a retirar su repertorio de SGAE» e irse «allá donde vayan» las editoras musicales.

En este sentido, Aguilar reconoció que, a pesar de la premura de la noticia, ya hay «varias empresas» que se han puesto en contacto con Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic, aunque será durante estos seis meses cuando encuentren la «fórmula» para gestionar sus derechos editoriales.

Y esta puede pasar desde irse con SACEM (sociedad francesa de gestión de derechos) o Performing Right Society (PRS), una de las principales sociedades de gestión del Reino Unido.