Los jueces decanos de España, reunidos esta semana en Valencia, ha propuesto este miércoles ampliar la prescripción y agravar las penas en los delitos de corrupción, así como tipificar nuevos delitos relacionados con esas conductas.
Esta es una de las propuestas que aparecen en el documento 'Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción', presentado en el marco de las XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, y que responden a un "contexto de indiscutible desconfianza y alarma" ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.
Asimismo, los participantes en este congreso han reclamado más medios humanos y materiales, la "dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción", para que sus titulares se dediquen "en exclusiva a este asunto las 24 horas del día", así como la "revisión y, en su caso, supresión de aforamientos", al considerar que "entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos".
Según han destacado, este es "un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial" y en el que afirman estar "preparados" para afrontar los retos actuales, pero advierten de que "solos" no pueden por su dependencia "en lo económico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales".
EN MANOS DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
"El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo", ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer. "Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona", ha añadido su homólogo de Málaga, José María Páez.
Los jueces también han pedido una "ley de segunda oportunidad" para "pequeños deudores" abocados a concursos y han abogado por limitar los indultos y, sobre todo, la suspensión de la pena durante la tramitación del proceso, tras el "abuso" registrado, así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos de materia económica a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear "una policía judicial auténtica", la figura de "juez asesor" y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.
