La jueza instructora del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía señala en su escrito ante el Tribunal Supremo que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán participaron, junto a otros siete exconsejeros regionales, en "la instauración y mantenimiento" del procedimiento irregular que permitió dar ayudas discrecionales y al margen de controles ayudas "de forma absolutamente libérrima" a empresas y personas afines a los sindicatos. Y asegura que la implantación de ese sistema para dar ayudas en vez del procedimiento fijado por ley (las subvenciones) fue una decisión "política" para lograr la 'pax social' en una época de gran conflictividad laboral y mantener los compromisos con patronal y sindicatos en el denominado Pacto andaluz por el Empleo.

En el escrito remitido al Supremo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Alaya describe los indicios que acumula tras cuatro años de pesquisas contra Chaves, Griñán y los exconsejeros de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila; los de Presidencia, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, y de Empleo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Manuel Recio. Insiste la jueza en que tuvieron conocimiento de que el procedimiento era irregular, y aún así lo mantuvieron durante una década desoyendo las advertencias que, "hasta la saciedad", recalca la instructora, realizó la Intervención general de la Junta de Andalucía.

La jueza desglosa los tipos de ayudas al margen de cualquier fiscalización que permitió este sistema de transferencias de financiación, usado habitualmente en las administraciones para equilibrar cuentas de las empresas públicas. Así, hubo ayudas directas que se concedieron sin expediente y sin solicitud previa, solo con la firma de un protocolo, o la inclusión de intrusos en los listados de prejubilaciones con la única base de "las relaciones personales, al margen de cualquier criterio legal o igualitario, por ser los beneficiarios amigos, parientes, compañeros de partido o sindicato, cargos políticos o incluso por ser conocidos del mismo pueblo".

Desfase presupuestario

En este punto, la jueza advierte de que al no tener cobertura presupuestaria, en un primer momento las ayudas provocaron significativas modificaciones presupuestarias y, por tanto, un desfase de las cuentas públicas. Y muestra extrañeza por que los aforados con responsabilidad en el área de Hacienda no se percataran de lo sucedido e indagaran sobre el motivo de las mismas. La situación provocó un desfase presupuestario de hasta 95,5 millones que, por ejemplo, impidió cumplir los objetivos de déficit en el año 2005.

En cualquier caso, las pesquisas permiten a Alaya eximir al Parlamento de cualquier responsabilidad en la implantación de este procedimiento irregular. Señala que cuando las transferencias de financiación como vía de pago de ayudas se consolidaron con una partida propia en las leyes de presupuestos, dotada con 855 millones durante la pasada década, los parlamentarios no pudieron tener claro lo que ocurría debido al "lenguaje oscuro y ambiguo con expresiones equívocas" para lograr que se aprobasen las cuentas.

Aunque el Supremo no empezará a trabajar sobre el escrito de la jueza hasta septiembre, y aún tardará unas semanas en decidir si admite o no la causa, los dos expresidentes autonómicos ya han manifestado su voluntad para declarar voluntariamente, al tiempo que rechazan las acusaciones de Alaya. En una entrevista en la cadena SER, Chaves ha asegurado este jueves que mientras fue presidente de la Junta "en el consejo de Gobierno no se tomaron decisiones políticas ilegales", aunque ha admitido que pudo haber más controles. Ha expresado, además, que "no tiene confianza" en cómo se está instruyendo la causa, de la que ha señalado que tiene "connotaciones políticas". "Ha sido una especie de proceso político judicial, en el que se ha tratado de destrozar a un partido que levantó Andalucía", ha resaltado.

Conciencia tranquila

En la misma línea, Griñán ha afirmado tener la conciencia "tranquila" y se ha mostrado satisfecho porque "ha terminado un largo proceso de indefensión", al tiempo que ha resaltado que "nadie de los aforados se ha llevado ni un euro". Y ha reconocido que hubo "un procedimiento irregular por el que se permitió que se produjeran delitos".

Por su parte, desde el PP-A han urgido este jueves a la convocatoria de un pleno extraordinario para que la presidenta andaluza, Susana Díaz, explique lo ocurrido. El portavoz parlamentario de los populares, Carlos Rojas, ha acusado a Díaz de "estar en la orla de los ERE", ya que estuvo "en la sala de máquinas de su partido en Sevilla y fue mano derecha de Griñán". Y ha lamentado que la Junta de Andalucía "ni denunció la trama de los ERE ni quiso investigarla nunca, porque el fraude se alimentaba de la Junta y era la propia Administración la que hacía el reparto de dinero público".