La exconsejera andaluza de Economía entre 1994 y el 2004 Magdalena Álvarez ha recurrido la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros que le impuso la jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, al entender que es una cantidad "abusiva" que no se sustenta en indicios de criminalidad suficientes. En este sentido, la defensa de la exministra de Fomento subraya el fin "estigmatizador y punitivo" del auto de fianza al aventurar un juicio anticipado de culpabilidad "manifiestamente inconstitucional".

Se trata del segundo recurso que mantiene abierto la exconsejera en los juzgados en relación al caso de los ERE, ya que la Audiencia de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre su imputación en el caso a finales del pasado año. Como en el anterior, la defensa de Álvarez también pide la anulación del auto dictado por la jueza Mercedes Alaya por no ajustarse a derecho.

Así, subraya que la imposición de fianza se ha producido de oficio, dado que ninguna de las partes se pronunció sobre este aspecto tras la segunda declaración de la exministra. Solo el sindicato Manos Limpias solicitó esta medida cautelar tras la primera declaración, que quedó invalidada tras anular la Audiencia esa primera imputación por considerar que estaba poco motivada.

A raíz de esta decisión, la jueza dictó un nuevo auto de implicación por prevaricación y malversación más argumentado, que supuso una segunda comparecencia de Álvarez ante la jueza. No obstante, en esta ocasión no se produjo petición de medidas cautelares, por lo que la defensa de la exministra entiende que se infringe la legalidad.

Vulneración de la presunción de inocencia

El recurso también abunda en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, dado que el auto de Alaya justifica la fianza ante la "probabilidad cierta" de que los implicados sean condenados por estos hechos. Se trata de "un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción", por lo que la defensa considera que el auto debe ser declarado nulo de pleno derecho.

"La propia imputación de mi representada está sostenida en sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad" que, además, no han sido concretados, abunda el letrado, que apunta a que tal actuación "despierta, además, serias dudas acerca de la imparcialidad con que ha venido realizándose la presente instrucción".

Un sofisticado sistema de financiación

En este sentido, la defensa destaca que la imputación de la exministra se sostiene "en esencia" por la existencia de una "confabulación masiva del Gobierno de la Junta dirigida a diseñar un sofisticado sistema de financiación a la Consejería de Empleo y al IFA/IDEA con el fin de sufragar las ayudas sociolaborales esquivando los controles del gasto presupuestario y evitando la aplicación de la ley de subvenciones", un sistema que habría dado lugar al desvío de fondos públicos por el reparto indebido de dichas ayudas. Y entiende que, de ser cierta esa confabulación, apuntaría a la responsabilidad de más altas instancias políticas que la exministra, por lo que la jueza estaría obligada a elevar la causa al Tribunal Supremo.