Fernández de la Vega expresó la intención del Gobierno de hacer todo lo posible para que las normas que afectan al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sean discutidas en el Parlamento y revistan forma de ley. Así, confía en que se reduzca la elevada conflictividad jurisdiccional existente entre Estado y autonomías, que generan muchos recursos al Constitucional.
