El presidente valenciano, Francisco Camps, no deberá responder en el Parlamento autonómico a una pregunta de Esquerra Unida (EUPV) sobre "la situación política provocada" por el caso Fabra , gracias a que su partido, el PP, ha utilizado su mayoría absoluta para rechazarla. Los conservadores alegan que la cuestión tiene un "defecto de forma" porque habla de procesamiento, cuando debería hablarse de imputación.
Joan Ribó, de EUPV, tildó de "franquista" el veto del PP y defendió la idoneidad del término procesamiento porque, dijo, "según el diccionario significa iniciar un proceso judicial". Pero aceptó reformular la pregunta con el término inculpado para que el PP "se quede sin excusas".
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, cobró del empresario Vicente Vilar 140.000 euros por informes que, según éste, eran el pago por sus influencias. Uno de estos informes que Fabra presentó al juzgado para justificar los pagos lo hizo una consultora de Madrid y está disponible en internet.
