El Gobierno, el PSOE y el PP acordaron ayer en la reunión del pacto antiterrorista frenar la presencia pública de Batasuna para impedir su participación en varios ayuntamientos importantes, evitar que siga gobernando en cinco municipios de Guipúzcoa en los que no se han constituido las corporaciones desde las elecciones locales de mayo del 2003 y que no celebren ningún acto público, incluidas ruedas de prensa.
El PP solicitó que el fiscal general del Estado recurra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de archivar la querella contra Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, por no disolver el grupo de Batasuna, como ordenó el Supremo. Pero el PSOE no se comprometió a ello. Su portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo: "Acato la sentencia como Dios manda", y se escudó en que la decisión corresponde al fiscal general del Estado.
La actividad creciente de las plataformas de la ilegalizada Batasuna en ayuntamientos importantes como Llodio, Azpeitia, Basauri o Salvatierra llevaron a los dirigentes del PP, encabezados por Mariano Rajoy y María San Gil, a solicitar una política más beligerante contra esa organización. Según dijeron Angel Acebes y Pérez Rubalcaba, hubo acuerdo en instar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que actúen contra las plataformas de Batasuna cuyos representantes intervienen en los plenos municipales, presentan iniciativas e, incluso, aunque no pueden votar, actúan como si fueran concejales.
NOMBRAMIENTO El PP reprochó al Gobierno el nombramiento unilateral del alto comisionado para las víctimas del terrorismo y dejó claro que el designado, Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III y uno de los padres de la Constitución, "no es de consenso". Acebes, secretario general de los populares, manifestó: "Eso no se hace", pese a lo cual se comprometió a no utilizarlo como "elemento de confrontación".
