Mientras el presidente catalán Quim Torra iniciaba su ayunoretiro en Montserrat, Pedro Sánchez tomaba ayer su decisión más delicada sobre Cataluña desde que está al frente del Gobierno. Tras los boicots de los Comités de Defensa de la República (CDR), con el auge de Vox en la retina, bajo la presión creciente de PP y Ciudadanos para imponer mano dura frente al independentismo, y después de la llamada a la vía eslovena el Ejecutivo anunció que aplicará medidas drásticas para garantizar la seguridad de los catalanes. ¿Qué medidas? No hay respuesta todavía, aunque la que cobra mayor fuerza es la intervención de los Mossos de Esquadra.
Por lo pronto, la vicepresidenta, Carmen Calvo, envió ayer una carta a su homólogo, Pere Aragonés, en la que critica la aparente «dejación de funciones, con consecuencias tanto de carácter económico y social como para la seguridad pública». Advierte de que evaluará si ha habido incumplimientos jurídicos y le solicita aclaraciones sobre la inacción de los Mossos de Esquadra ante «los altercados» en los peajes. Desde el ministerio del Interior y el de Fomento, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos respectivamente mandaron sendas misivas a sus homólogos, Damià Calvet y Miquel Buch, en las que también reclaman explicaciones .
El envío de las cartas y las palabras de Calvo anunciando decisiones «que afectan a las competencias» y criticando la «inhibición» de la policía autonómica, alimentan la tesis de la intervención de los Mossos, amén de la rápida petición del PP para que Sánchez aplique la ley de seguridad nacional, que habilita al presidente a nombrar a una autoridad vía decreto para cumplir esa función. La propia Constitución en su artículo 104 y la ley orgánica 2/86 de fuerzas y cuerpos de seguridad también dejan las puertas abiertas a que el Estado asuma las competencias a pesar de la existencia de policía autonómica.
¿ANUNCIO EL MIÉRCOLES?
La voluntad del Gobierno es que Sánchez pueda anunciar su decisión el miércoles en el pleno monográfico sobre Cataluña previsto en el Congreso, aunque no descartan que la situación se precipite y se desvele en las próximas horas. En todo caso, el Ejecutivo asegura que la medida será «contundente» sin llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que reclaman las derechas, porque ese es, insisten el último escenario.
Más allá de las consideraciones técnicas, está la trascendencia política. La decisión de intervenir a los Mossos dejaría prácticamente sin fuelle la llamada vía de la desinflamación, el intento de apaciguamiento entre el Estado y la Generalitat, ahora que el presidente necesita el apoyo del PDECat y ERC para tramitar el Presupuesto del 2019 en el Congreso. Fuentes del Govern consideran que una eventual intervención de los Mossos rompería la baraja de las relaciones institucionales, informa Fidel Masreal. «Esperemos que no se atrevan a hacerlo», apuntan, e instan al Ejecutivo a tomar bien la temperatura social en Cataluña. En el Govern esperan que Sánchez concrete este miércoles en el Congreso alguna propuesta sobre el conflicto catalán, más allá de opinar sobre la actuación de los CDR.
Ironías del destino, una de las iniciativas con las que el presidente quería allanar el diálogo y profundizar en la política de gestos hacia Cataluña, la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona el 21-D, todavía ha alimentado más el incendio. Tras que los CDR hayan llamado a boicotear la reunión y que el propio Torra haya despreciado la posibilidad de reunirse con Sánchez, el Gobierno se ha visto obligado a organizar un operativo especial de seguridad.
Fuentes conocedoras de los detalles han asegurado a este diario que Presidencia del Gobierno ya está trabajando en el dispositivo y que serán 400 agentes de la Policía los que garanticen la seguridad del encuentro en la capital catalana. El despliegue se prevé entre los días 19 de diciembre y el 22.
El Govern insiste en que esa cita es una «provocación» que justifica que se lleven a cabo actos de protesta en contra de esta iniciativa anunciados por los CDR y Torra sigue sin aceptar la propuesta de Sánchez para celebrar un encuentro bilateral en pos del diálogo entre administraciones.
