El ministro de Justicia israelí, Josef Lapid, desató ayer una tormenta política durante la reunión del Gabinete cuando comparó, de forma implícita y metafórica, la destrucción de viviendas practicada por el Ejército en el campo de refugiados de Rafah, en el sur de Gaza, con las atrocidades llevadas a cabo por los nazis.

Lapid, que pidió el fin de las demoliciones, afirmó: "Vi por televisión a una anciana que hurgaba en los escombros de su vivienda en Rafah para buscar sus medicinas y me acordé de mi abuela". El comentario no tendría mayor relevancia si no fuera porque Lapid, líder del partido centrista Shinui, es un superviviente del Holocausto que, durante la segunda guerra mundial, residía con su familia en Hungría y sufrió en sus propias carnes la persecución. La aludida abuela murió en el campo de exterminio de Auschwitz.

El primer ministro Ariel Sharon, y los titulares de Hacienda y Exteriores, Binyamin Netanyahu y Silvam Shalom, pidieron a su colega que se retractara, pero Lapid rehusó excusarse e insistió en que "la destrucción de casas de Rafah es inhumana, no responde al espíritu judío y daña nuestra posición en el mundo".

Mientras, el diario israelí Haretz reveló ayer que, en una iniciativa sin precedentes, las autoridades militares israelís han propuesto indemnizar a los palestinos cuyas viviendas fueron demolidas en Rafah. Según la Unrwa (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) en los últimos 11 días al menos 2.000 personas han quedado sin casa.

ASEDIO HEBREO La Unrwa continúa encontrando obstáculos para realizar su trabajo. El jueves tropas israelís dispararon contra el responsable de la agencia en Yenín, Paul Wolstenholme, cuando entraba en su oficina, además fue detenido durante tres horas esposado y con los ojos vendados. Su antecesor, Iain Hook, murió por las balas de un soldado israelí en noviembre del 2002.

En la ciudad cisjordana de Naplusa, dos activistas de Hamás murieron al estallar el artefacto explosivo que transportaban en un coche.