«Reconozco que las acciones de los barcos con equipamiento militar de la Marina de Ucrania tenían un carácter de provocación». Con estas palabras, que refuerzan las tesis oficiales esgrimidas por el Kremlin desde el inicio de la crisis, Volodomyr Lisovyi, uno de los marineros apresados por Rusia el domingo, fue expuesto el pasado lunes en uno de los canales federales de la televisión. Para el Kremlin, el incidente naval vivido en el estrecho de Kerch no es más que una nueva maniobra de las autoridades de Ucrania para hacer quedar mal a Rusia y justificar así la aplicación de nuevas sanciones contra Moscú, una versión que el prisionero repitió a pies juntillas ante las cámaras de televisión.

La intervención no deja lugar a dudas de que el militar apresado está leyendo su supuesta confesión, pronunciada sin entonaciones ni apenas pausas. «Vi barcos del Servicio de Fronteras del FSB (ex-KGB) e ignoré las peticiones de detenerme; a bordo llevábamos armas y ametralladoras con munición», aseguró, antes de concluir: «Yo, como oficial, cumplía una orden de traslado de barcos desde Odessa a Mariúpol».

Uno de los detenidos heridos durante la tensa jornada del domingo en el estrecho de Kiev es un oficial de contrainteligencia del Servicio Estatal de Seguridad (SBU). Según las autoridades de su país, está grave como resultado del disparo de dos misiles de combate no guiados «realizados desde un avión militar ruso».

ANTE LA JUSTICIA / Lejos de atender las exigencias de liberación inmediata formuladas por numerosos dirigentes occidentales, los militares capturados fueron presentados ante la justicia en Simferópol, capital de la república de Crimea, recibiendo penas de prisión provisional, lo que sin duda reavivará las voces internacionales de condena contra Rusia y los pronunciamientos a favor de nuevas sanciones contra Moscú.

Según la agencia TASS, 12 de los 24 apresados fueron puestos bajo detención provisional durante dos meses, acusados de haber violado el artículo 322 del código penal ruso, que hace referencia al «cruce ilegal» de fronteras, un delito que, según una portavoz del tribunal que les juzga, puede ser castigado con una pena de hasta seis años de prisión. Entre los detenidos se hallaba Román Mokriuk, comandante del barco artillado Berdiansk, quien no reconoció su culpa ante el juez. Se espera que los restantes miembros del grupo corran una suerte similar una vez pasen ante el juez, aunque tres de ellos se encuentran hospitalizados.

Algunos de los abogados defensores discrepan de la resolución judicial y presentarán una apelación. «No estamos de acuerdo con esta resolución, pensamos que no es legal, ni según la legislación rusa, ni de acuerdo con el derecho internacional», declaró Aider Azamatov, letrado de uno de los marinos apresados.

No fue este el único frente abierto. El Comité de Investigación ha abierto dos casos criminales debido A los incidentes vividos el sábado en las sedes diplomáticas rusas, concretamente ante la embajada en Kiev y ante el consulado en Khárkov, donde se lanzaron bombas de humo.