Antes de que se cumpla el primer aniversario del accidente, las familias de los militares españoles muertos al estrellarse en Turquía el avión que les traía de Afganistán sabrán con certeza si las identificaciones de los fallecidos se hicieron correctamente. Es por lo que han estado batallando prácticamente sin éxito durante once meses, tiempo en el que el Gobierno de Aznar puso todo tipo de trabas para realizar un protocolo que es necesario desde el punto de vista oficial e imprescindible desde la perspectiva de los familiares.
Llevar a las familias a Turquía para realizar las pruebas de ADN y reconocer como tales a las cuatro viudas de hecho, ha sido uno de los primeros cumplimientos de Rodríguez Zapatero. Defensa fletará el avión y asumirá los gastos del desplazamiento, lo que sólo significa un pequeño esfuerzo con los familiares de quienes murieron en el ejercicio de su servicio público. Las familias, extenuadas en su reclamación, están satisfechas porque han conseguido en quince días lo que se les negó durante once meses. Lo conseguido, sin embargo, no es sólo el cumplimiento de un compromiso político, sino un acto de justicia y humanidad, porque nadie tiene garantías plenas de que el muerto al que enterró es su muerto.
