Pese al proverbio chino que advierte de la peligrosidad de nuestros deseos, pocos podían prever hace una década que la mera reivindicación de una mayor representatividad en nuestro sistema político daría lugar, sin cambios en la ley electoral, a una fragmentación política creciente, con los inconvenientes que conlleva: fragilidad institucional, baja actividad legislativa y frecuentes cambios de gobierno. El tiempo ha acabado así dando la razón a quienes en la Transición optaron por fórmulas que evitaran lo que entonces se denominaba la sopa de letras y que incluía multitud de formaciones socialistas (PSOE, Asociación Socialista Democrática y Partido Socialista Popular); una nutrida representación de nacionalistas (PNV, Euzkadiko Ezkerra, Pacte Democràctic per Catalunya, Esquerra de Catalunya, Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya y Candidatura Aragonesa Independiente, entre otros); algunas fuerzas centristas (UCD, Equipo de la Democracia Cristiana); a los comunistas (PCE) y a las derechas reunidas en torno a la Federación de Partidos de Alianza Popular.
Pese a las reclamaciones en sentido contrario de Podemos y Cs -y a la propuesta en favor de un sistema mayoritario de doble vuelta por parte del PP--, el mantenimiento de la circunscripción provincial y la corrección de la Ley d’Hondt han limitado en la práctica el abanico de opciones, dando lugar a un bipartidismo corregido, con PSOE y Podemos en el ala izquierda y PP y Cs en el ala derecha, que mantiene a regionalistas y nacionalistas como fiel de la balanza. Tras las elecciones andaluzas, la irrupción de Vox ha añadido otro rectificado, escorando el eje ideológico y agudizando la distancia entre bloques, lo que ha hecho del todo improbable un pacto de centro (descartado, al menos, hasta después de los comicios). En este escenario, sin una mayoría absoluta mediante, la gobernabilidad del país se presenta imposible. Nada que no venga pasando, por cierto, en el Parlamento catalán, que lleva cuatro prórrogas presupuestarias en los últimos diez años y que mantiene al simbólico Gobierno de Torra pese a no haber sido capaz de sacar adelante sus cuentas durante dos ejercicios seguidos.
En medio de una guerra propagandística sin límites, las voces favorables al acuerdo entre distintos se ven marginadas tanto en el frente ideológico como en el territorial. Desde sus respectivas trincheras, más allá de algunas alusiones interesadas, las formaciones no reparan en los perjuicios que la situación comporta para los ciudadanos, en forma de paralización de proyectos, falta de concesión de ayudas o distribución de fondos, con tal de aproximarse lo máximo posible a la obtención del poder. Sin embargo, no parece descabellado pensar que es precisamente la falta de acuerdo la que está en el origen de los problemas que atraviesa el país, como demuestran el fracaso en la negociación del sistema de financiación territorial, la querella continua en torno a nuestro modelo educativo o la polémica aplicación de algunas disposiciones de la Ley de Memoria Histórica (como la exhumación de Franco). Más allá de la modificación de los reglamentos de las cámaras, con la inclusión de sanciones para sus señorías en caso de incumplimiento de deberes en la tramitación de normas, los incentivos a la cultura del pacto se limitan a la defensa de estas posiciones ante la opinión pública. O sea: una tarea solo para valientes sin servidumbre debida al aparato del partido, como ha demostrado recientemente en dos ejemplares artículos el socialista Nicolás Redondo Terreros.
Sea como fuere, la histórica querencia de los españoles por la discordia no hace de su situación un caso único en Europa. Al contrario, los gobiernos de coalición son ya la norma entre nuestros vecinos, con tres modelos básicos: mayoría de partidos en torno al centro (Francia, Holanda, Rumanía), exiguos pactos escorados hacia la derecha o la izquierda (Portugal, Austria) y gobiernos en minoría con apoyos externos de populistas o nacionalistas (Bélgica, Dinamarca). Solo Alemania ha conseguido escapar a este escenario endiablado con una coalición entre CDU, CSU y PSD que dura ya tres legislaturas y que tiene un antecedente histórico en los años 60 de la República Federal. Algo tendrá que ver, por cierto, con el mantenimiento de su liderazgo.
*Periodista
