El actual ministro de Administraciones Territoriales, Jordi Sevilla, estuvo ayer en Zaragoza. Habló de financiación autonómica y se las arregló para salir del paso con declaraciones abstractas sin concretar qué tipo de solución propone para evitar que los servicios públicos transferidos acumulen déficits monumentales. Los números rojos amenazan a la Sanidad y la Educación en Aragón y las demás comunidades. Y el problema no se reduce a las deudas que la Administración central dejó pendientes en el momento del traspaso (por ejemplo los 29 millones de euros de gasto farmacéutico que reclama la DGA), sino que se va a plantear y repetir ejercicio tras ejercicio. No basta pues con echar balones fuera. Hay que poner este tema sobre la mesa, debatirlo con claridad y buscarle soluciones. Sin más dilaciones.
Uno de los grandes retos del Gobierno Zapatero consiste precisamente en mantener la viabilidad futura de estos servicios esenciales. España puede presumir de una Sanidad y una Educación públicas de buen nivel. Hay que mantener e incluso mejorar ambos servicios, objeto de una demanda social creciente. Para ello será menester solventar su financiación. El Estado del Bienestar está en juego.
