Una huelga suele ser el resultado de una mala negociación; una medida de presión que se ejerce cuando el acercamiento de posturas, y hasta el propio entendimiento, son ya inviables. Ahora bien, la teoría ha encontrado su excepción en Aragón, donde los médicos especialistas de los hospitales públicos han comenzado a secundar paros durante 27 días repartidos en nueve semanas sin que se hayan agotado las vías de diálogo. Los facultativos reclaman el cobro generalizado del plus de 730 euros que ya perciben quienes se acogieron en su día a la exclusividad y sólo trabajan en la sanidad pública, una cantidad que no está presupuestada al encontrarse aún en vigor una actualización salarial progresiva pactada hace dos años. Como piensa la mayoría de colectivos de consumidores, los médicos han cargado sus cartuchos de postas cuando aún les quedan en el cinto los de fogueo, con el consiguiente perjuicio para el servicio que prestan en la sanidad pública.
Por más que se intenten minimizar sus efectos y por más que el Gobierno de Aragón asegure que pondrá soluciones incluso contratando servicios con la medicina privada, la suspensión de más de 600 actos médicos cada día de huelga es un dato a tener en cuenta. Cuantitativamente sobre el volumen total de consultas y operaciones diarias será un problema menor, pero los cientos de pacientes afectados no lo verán así. No les falta razón, sobre todo cuando han tenido que desplazarse y dejar sus ocupaciones y cuando algunos de ellos es probable que no perciban siquiera el complemento de exclusividad que reclaman por agravio los médicos que trabajan también en la privada.
Lejos de calificar la pertinencia de su reclamación y de poner en tela de juicio sus derechos, como trabajadores del sistema público que son, la contundencia de la medida adoptada y la fecha elegida suponen un pulso desproporcionado a la Administración. De entrada, porque en el 2002 la DGA firmó un Pacto por la Sanidad con los sindicatos representados en una mesa sectorial que ya incluía una mejora retributiva de medio millón de las antiguas pesetas a repartir en tres años. Y en segundo lugar porque la huelga se adopta justo en el momento en el que se quieren abrir consultas y quirófanos por las tardes para desatascar servicios y atemperar listas de espera diagnósticas y quirúrgicas. Lícito es que los médicos planteen una plataforma reivindicativa, como también lo es que el servicio de salud aragonés quiera modificar el criterio de exclusividad como complemento salarial y sustituirlo por uno de dedicación. Es decir, que los especialistas cobren realmente por el trabajo realizado en la sanidad pública, sea en exclusiva o compartido con la medicina privada, sea en jornada completa o en jornada reducida. Entonces sí podrá darse por bueno el lema de los especialistas en huelga --A igual trabajo, igual salario -- que, aunque les pese a los convocantes de la protesta, ahora mismo tiende al equívoco y a la exageración propia de un pulso con la siempre poderosa maquinaria gubernamental.
La sociedad aragonesa, según encuestas periódicas que se realizan en los hospitales, muestra un alto grado de confianza en el sistema público y en sus especialistas. Aragón ha sido siempre cantera de grandes médicos, una buena parte de los cuales se ha quedado afortunadamente entre nosotros para constituirse en pieza clave de un sistema público de bienestar que tanto ha costado configurar. Estos facultativos representan un patrimonio humano y de conocimiento a proteger, pero tomando decisiones que se guíen siempre por la razón, que ya se sabe que es muy débil si no se llega a comprender que hay motivos y momentos que la sobrepasan. Seguro que pueden encontrarse fórmulas que acerquen las posturas de los más de 300 especialistas que no perciben la derrama por exclusividad y de una Administración que pretende mejorar los servicios sanitarios y racionalizar sus costes. Pero con una huelga tan dura y con una capacidad presupuestaria restringida será difícil alcanzar cualquier acuerdo inmediato. Después de años de reclamación de las transferencias, ha llegado el momento de mejorar la calidad y no sólo de arreglar cuentas pendientes entre colectivos que tendrán sus motivos para sentirse agraviados pero cuyas reclamaciones tienen que enmarcarse forzosamente en una visión más amplia que tienda a mejorar los problemas sanitarios globales.
No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón, pues todo el mundo cree tener suficiente. Pongan en común reinvidicaciones y posibilidades, pros y contras, y emplácense a un acuerdo posible sin utilizar una palanca tan poderosa como la huelga. Pensar en el paciente y humanizar la sanidad son valores que se preconizan cada vez más desde las cátedras médicas. Y existen ejemplos razonables de movimientos de protesta que cumplen con este requisito. Como el caso de la plataforma 10 Minutos , que reclama más tiempo por paciente en las consultas de atención primaria. Un ejemplo de reivindicación positivo para el profesional y para el usuario que demuestra que hay otras maneras de protestar.
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