Una decena de juicios con jurado se habrán celebrado en Aragón este año. Un tribunal popular que integran nueve ciudadanos elegidos para cada una de las vistas en las que este modelo judicial es aplicable. La DGA debe financiar este operativo con recursos públicos, y cuyo coste depende de los días que dura la vista o la procedencia de los elegidos, quienes, naturalmente, reciben las dietas correspondientes. Justas y ajustadas, aunque haya años que se incrementen por los factores señalados. Lo importante no es la partida, sino la implicación ciudadana en la administración de Justicia.
