Del oscuro entramado de hechos y declaraciones vividos en el Ministerio del Interior solo se extrae una evidencia, nadie está contando toda la información que conoce.

Las diligencias judiciales en el caso 8-M detonaron una crisis latente en la cúpula de la Guardia Civil desde la detención de los CDR, bajo supuestas acusaciones de terrorismo. De ahí, la renovación en los altos cargos del ministerio tras las elecciones generales. Con esa marejada de fondo, el ministro ha ofrecido ya cuatro versiones del cese del coronel Pérez de los Cobos. De un proceso natural de reestructuración de equipos directivos, a reconocer de forma indirecta la relación entre el cese y el informe del 8-M, añadiendo la pérdida de confianza por el incumplimiento del coronel de la comunicación de sus actuaciones.

Se añade más tarde la ocultación de Pérez de los Cobos de la parálisis de la investigación acordada por la juez hasta pasado el estado de alarma. Y, por último, la razón del cese se argumenta en la filtración del controvertido informe de la Guardia Civil nada más ser entregado en el juzgado, a un medio de comunicación. Se cierra así el círculo de la falta de confianza argüida en la primera de las explicaciones, y que sólo las informaciones publicadas en algún medio forzaron a seguir tirando del hilo a trancas y barrancas en la errática política comunicativa del Ministerio. Hubiera sido más fácil contar toda la verdad desde un primer momento, y resultaría de gran interés saber si Pérez de los Cobos cumplió con su obligación de informar que estaba investigando a un cargo público, como es el delegado del Gobierno en Madrid.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil dirige sus críticas hacia esas dos direcciones, y muestra su mayor reticencia en la figura de la directora del cuerpo armado. Ayer Marlaska, ¿será simple coincidencia?, desvío su responsabilidad en el cese señalando al secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil. El estado de alarma no es el mejor escenario para depurar responsabilidades, pero a medio plazo parece que a alguien se sacrificará políticamente, y no parece que sea el ministro.

Alguien nos tendrá que explicar lo sucedido, en un proceso que además no termina aquí porque la ofensiva judicial de la gestión de la pandemia con fines políticos en la estrategia de la derecha, la celebración del 8-M, las denuncias contra Fernando Simón o el engaño con las cifras de fallecidos no ha hecho más que empezar.