Cuatro años después de la anterior, la segunda conferencia de presidentes autonómicos que se celebra desde que Mariano Rajoy está en la Moncloa dejó el martes claro que la financiación sigue siendo la (inestable) piedra angular de la arquitectura institucional y territorial de España. Seguramente no hacía falta reunir a los máximos dirigentes autonómicos -con las muy significativas excepciones de los de Cataluña y Euskadi- para saber que la dificultad para pactar el reparto de los fondos públicos entre los distintos niveles de la Administración está en el origen de las tensiones entre comunidades y entre estas y el Gobierno central, pero bien está que se haya puesto encima de la mesa en una cita de estas características, la fórmula a priori más operativa para intentar encontrar vías de acuerdo.

La revisión de la financiación autonómica lleva años de retraso, agravada por el largo periodo de interinidad del 2016. De la reunión ha surgido el compromiso de que antes de acabar el 2017 habrá una nueva fórmula, pero el propio presidente del Gobierno se encargó de anunciar las dificultades del objetivo cuando advirtió de que la recuperación económica aún se está notando poco en los ingresos del Estado. Una forma de avisar de que la Administración central no está dispuesta a aceptar una merma de sus recursos en beneficio de las autonomías, que reclaman una mayor participación en los márgenes de déficit que la Unión Europea permite al Reino de España. Pero Rajoy tiene a su favor que Bruselas quiere cuanto mayor control del déficit por parte de Madrid, y que España, pese a tener un Gobierno en minoría, le ofrece aparentemente más estabilidad que otros países europeos.

El contenido del encuentro,a juzgar por las declaraciones del presidente aragonés, Javier Lambán, no evitó que este se mostrara escéptico ya que en la anterior conferencia se llegó al mismo resultado sin que se haya plasmado en resultados. Entre las críticas aragoneses estuvo el incumplimiento «reiterado y sistemático» de la lealtad institucional. Sin embargo, hay que destacar la inclusión de la despoblación como un problema de Estado que reconoció el propio Rajoy y que fue una de las propuestas impulsadas por Aragón, una comunidad que conoce bien los problemas derivados de la dispersión y la escasa densidad poblacional de su territorio. Habrá que ver las medidas.