Seis comunidades autónomas, entre ellas Aragón, han optado por constituirse en bloque de presión para que desde el Gobierno central se consideren la baja densidad de población, su dispersión y el envejecimiento de la misma, como variables a tener en cuenta en el nuevo modelo de financiación. No es una demanda arbitraria, ni mucho menos. Esos condicionantes quedan reflejados en que sus territorios suponen el 60% de España, pero su población no alcanza el 30%. La gestión, por tanto de los servicios e infraestructuras a los que todos tienen derecho se encarece de forma constatable. Urge, por tanto, una estrategia nacional que minimice los efectos perniciosos de esas circunstancias sobre las comunidades afectadas. Y Europa también debería valorarlas y actuar en consecuencia en los fondos que les afectan.
