Cuando vuelvan a contarnos que la libertad debe ser el principio rector en la atención sanitaria, recogido incluso en una ley de la Comunidad de Madrid en el 2009, estaría bien recordar al paroxismo que se llevó este concepto con el salvoconducto para los ingresados en residencias de mayores que sí tenían un seguro privado de salud.

Las ideas liberalizadoras de Esperanza Aguirre en la gestión sanitaria se concretaron en una red sanitaria única de utilización pública, no de titularidad pública, la libre elección de médico y centro sanitario, y la concentración de las citas en un servicio privatizado y gestionado por Indra. Así fue como se abrió la oportunidad de negocio en el ámbito sanitario y comenzó la descapitalización la gestión pública en sanidad. Esta contraposición forzosa entre los conceptos de libertad e igualdad que llevan teorizando los neoliberales tantos años es sobre todo engañosa, porque no existe «libertad de» sin medios para ejercerla. Es la propia teoría liberal de la igualdad de derechos y libertades la que legitima la provisión de las prestaciones sociales de un Estado de bienestar, y justifica la intervención de los gobiernos para la consecución de un orden social justo.

Con esta estructura se hubo que hacer frente desde la Comunidad de Madrid a la epidemia más inesperada, que más ha golpeado en las grandes ciudades y la que con más detalle habría que revertir una vez nos recuperemos.

Si ya es difícil de asumir como sociedad el triaje en las entradas de las uci en los días álgidos del contagio, el protocolo previo que notificaba la comunidad, y no solo en esta, la prohibición del traslado de ancianos enfermos de las residencias y domicilios a los hospitales, así sin individualización, sin excepciones, se hace insoportable.

Solo había una manera de escapar de ese destino colectivo, ser atendido en uno de los 40 centros y hospitales de la red privada, a los que no se les ordenó este triaje previo y siguieron atendiendo a los pacientes con seguro privado. Lo de la sanidad sin apellidos en este caso no funcionó, y más que el apellido fue la cuenta corriente la que sirvió para elegir entre poder ser tratado o no. Que no nos disfracen de libertad lo que no es más que clasismo y un modelo de gestión que prima a la oportunidad de negocio sobre la equidad entre los usuarios. Ojalá no sea una más de las cosas que no cambien tras el paso del virus, y este modelo que infringe el espíritu constitucional de tutela pública de la salud sea definitivamente modificado.