La instrucción judicial del caso Plaza, que comenzó en agosto con las detenciones de ejecutivos de la sociedad pública, de la empresa que lideró la ejecución del polígono, Acciona, y de una consultora encargada del control de las obras del polígono logístico, ha cambiado de rumbo en las últimas semanas hasta alcanzar de lleno el ámbito político. La imputación de exaltos cargos de la sociedad pública, con el exviceconsejero Carlos Escó a la cabeza, por otra causa judicial paralela relacionada con los sobrecostes en la construcción de una nave para la empresa Caladero, y del constructor Agapito Iglesias, a la sazón dueño del Real Zaragoza, por los pagarés emitidos por su empresa Codesport en una operación de naves para Autocity supone un salto cualitativo. Toda una escalada en la búsqueda de los responsables que provocaron un agujero millonario en el emblemático proyecto del Gobierno aragonés.
En este sentido, resulta particularmente significativa la lectura del auto de imputación a Agapito Iglesias por parte del juez del Juzgado de Instrucción número 5 que investiga el asunto de los pagarés. Según el magistrado, el empresario elevó el precio de la construcción de unas naves 14 millones por encima del coste real, de acuerdo con un peritaje independiente. Y sostiene que existen indicios de que pudiera haber actuado en connivencia con los ejecutivos de la sociedad pública para repartirse esa cantidad. De acuerdo con este planteamiento del juez, el caso Plaza ha pasado de una trama presuntamente corrupta de ejecutivos de empresa a insertarse en un plano sistémico y alcanzar el corazón del Gobierno de Aragón que entonces presidía Marcelino Iglesias en coalición con el PAR.
Este ejemplo pone de relieve que el caso Plaza se ha ido sustanciando en los juzgados desbordando cualquier previsión inicial. De la denuncia de un despechado con Acciona a la situación actual dista un trecho, y la dimensión alcanzada requiere de respuestas institucionales más contundentes que las adoptadas al principio. Mientras avanzan las investigaciones judiciales, urge un debate inmediato sobre la idoneidad de una comisión de investigación parlamentaria que aclare lo sucedido. Al margen de las responsabilidades penales que se infieran en las instrucciones judiciales, los partidos políticos aragoneses no pueden ignorar el carácter público de la sociedad, ni las responsabilidades políticas que se deriven. En septiembre del año pasado, los grupos que sustentan el Gobierno, PP y PAR, no consideraron oportuna la constitución de esta comisión en el Parlamento, aunque incluso el PSOE llegó a apoyarla. Hoy el escenario ha cambiado de semejante forma que no resultaría edificante bloquear la iniciativa. Los ciudadanos, además de ver cómo se depuran las responsabilidades personales de cada cual, se sentirían muy aliviados si de un trabajo parlamentario serio pudiera constatarse qué falló en los procedimientos de la empresa y qué garantías se pactan a partir de ahora para evitar que se repita la historia en el futuro con ésta o con otras empresas públicas. El argumento de la presidenta Luisa Fernanda Rudi de que una comisión que airee trapos sucios pueda afectar a la imagen que hoy ofrece Aragón como territorio para inversiones está superado por los acontecimientos.
SALVANDO LAS distancias, va siendo hora de que también se debata en sede política lo ocurrido con la CAI. En estas mismas páginas revelamos hoy un interesante informe pericial encargado por la caja en el pleito que sigue por administración desleal contra su exdirector general, Tomás García Montes, y otros exsocios y exdirectivos de la entidad.
El documento revela que el quebranto causado por el exejecutivo con la refinanciación de negocios en el sur de España, con un viaje de lujo a Egipto y con la compra a bajo precio de propiedades fue superior a lo inicialmente calculado por la caja, 14 millones de euros. Mientras esto ocurría, un consejo de administración formado en parte por políticos de uno y otro signo miraba hacia otro lado, dejando que las aventuras inmobiliarias y los comportamientos ventajistas liderados por García Montes desequilibraran, hasta el punto de necesitar ayudas públicas, una entidad que era orgullo de los aragoneses. El hecho de que finalmente haya quedado bajo el paraguas de otra entidad local de la que también nos sentimos orgullosos, como es Ibercaja, no debería ser óbice para que se produjera un debate a fondo en las Cortes que nos permitiera saber cómo pudo el hoy imputado llevar a la CAI donde la llevó, sepultando 105 años de historia financiera independiente.
Aragón, salvo el caso La Muela y su derivada del caso Becerril o el recientemente juzgado caso Mallén, parecía una isla en medio de un mapa de corrupción sistematizada. El caso Plaza, o en menor medida, el caso García Montes apuntan que no fue así, y que con independencia de lo que pueda demostrarse en los juzgados, es absolutamente necesario abordar el fenómeno.
Hay que hablar de él, discutir por qué se produjo, dónde fallaron los controles, por qué se estableció un escenario de inmunidad pública y aparente impunidad administrativa que ha conducido la gestión de proyectos emblemáticos al punto en el que nos encontramos.
