Arrojar polizones al mar no es una práctica poco común. Los capitanes con menos escrúpulos prefieren ahorrarse los costes que acarrea descubrir polizones. La tripulación, si se da el caso, debe comunicar su hallazgo en el país de destino y allí enfrentarse a varios problemas.
La legislación obliga a los armadores de los buques a costear la repatriación de los inmigrantes ilegales que se encuentren en la nave e incluso, según los casos, pueden tener que volver atrás en el camino andado para dejar a los polizones en su lugar de origen. Además, si los viajeros clandestinos se escapan en un puerto extranjero, los propietarios de la embarcación se enfrentan a multas de hasta 180.000 euros (30 millones de pesetas). En el mejor de los casos, el barco ha de permanecer amarrado hasta que se resuelva la situación irregular.
Por eso, oficiales inhumanos optan por abandonar en el mar a los polizones. En 1995, dos oficiales de un carguero ucraniano fueron condenados a cadena perpetua en Francia por arrojar al mar a ocho sin papeles que murieron frente a las costas portuguesas. En julio de 1996, cuatro nigerianos fueron rescatados del mar frente al paseo marítimo de Las Palmas, probablemente expulsados del buque rumano Hirsova. Más recientemente, en el 2002, un barco de la Línea de la Concepción recogió a dos polizones en Marruecos, que denunciaron haber sido arrojados de un mercante georgiano cuyos responsables fueron detenidos en Castellón.
