El Ministerio de Defensa levantó ayer la suspensión de funciones que pesaba sobre Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar miembro de La manada, una vez trascurrido el plazo máximo que marca la ley para apartarle del servicio activo sin condena firme. Cabezuelo fue sentenciado a nueve años de prisión por abuso sexual y el fallo ha sido recurrido por las partes. El Ministerio capitaneado por Margarita Robles aclaró, no obstante, que no asignará destino al militar, en libertad provisional desde el pasado 22 de junio, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el polémico fallo.

Cabezuelo cobrará una retribución básica, sin el complemento específico que conlleva cada destino. Durante la suspensión, cobraba el 75% del sueldo base, también sin complementos. Y antes de ser detenido, la compensación correspondiente a prestar servicios en la UME. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que señala que no se ha podido «evitar el alzamiento de la suspensión de funciones» pero sí la asignación de destino por un periodo que no podrá exceder el momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento.

Otro de los condenados por la Audiencia Provincial de Navarra, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, también se encuentra en situación «activa» pero sin asignación de destino.

LA PROTESTA JUDICIAL / En este contexto, 750 magistrados presentaron una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles una supuesta «amenaza» contra la independencia judicial, en referencia a lo que consideran un «linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos», contra el tribunal que dictó la sentencia de La manada. Los magistrados denuncian que se ha desatado una «presión social» contra este tribunal sin que el Consejo General del Poder Judicial haya contestado eficazmente. «Nos encontramos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del poder legislativo», reza la nota.