La idea de aprobar una nueva ley contra el consumo de alcohol en menores surgió tras la ola de indignación levantada por la muerte de una niña de 12 años en la periferia de Madrid. Corría el otoño del 2012 y la opinión pública tomó conciencia de que algo había que hacer después de que durante los últimos 15 años el todopoderoso lobi de fabricantes y distribuidores de alcohol hubiera logrado torpedear hasta cuatro proyectos legislativos destinados a limitar el consumo. Entre ellos aquel que llevó a Mariano Rajoy, entonces en la oposición, a brindar con un «viva el vino» para expresar su rechazo.

El destino que correrá el quinto intento estará pronto en manos del Gobierno que ahora preside el autor del célebre brindis. Con las modificaciones que se consideren necesarias, el Parlamento aprobará el próximo martes de forma definitiva el informe y este servirá de base al Gobierno para elaborar el proyecto de ley que, ya de entrada, se limitó al ámbito de los menores para evitar nuevos conflictos.

La trituradora de Moncloa

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se mostró ayer confiada en que antes de acabar el año el Congreso pueda remitir al Senado el texto normativo y que este concierte un «gran consenso» entre todos los grupos parlamentarios, padres, profesionales sanitarios e industria. Habrá que ver que es lo que queda en pie del texto una vez pase por la trituradora de Moncloa.

El informe no se queda corto y aborda, en mayor o menor grado, también los temas puestos sobre la mesa por los expertos que más ampollas levantan entre el sector productivo. Uno de ellos es el precio del alcohol. Lo baratas que están las bebidas, sobre todo las de baja graduación como la cerveza y el vino de mesa.

El texto parlamentario propone la elevación progresiva de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas «estableciéndola a partir del grado de alcohol puro de cada una de ellas». Con este aumento se pretende limitar el acceso a los menores al alcohol, al tiempo que también al resto de ciudadanos, como acreditó un amplio grupo de expertos consultado por este diario.

Ayer, el presidente de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), Bosco Torremocha, descalificó la medida. «Estamos hablando de una ley de alcohol en menores. Los menores tienen prohibido el consumo por ley, y también venderles y dispensarles alcohol. Por tanto, no sé qué tienen que ver medidas fiscales en este ámbito. Los menores no tienen ingresos, por tanto no sé de qué manera les va a afectar un precio u otro», declaró.

Sin embargo, por más controles que se pongan siempre habrá un número de menores con algo de dinero para adquirir alcohol, aunque sea a través de adultos que se lo revendan.

Este sector de la industria, el de bebidas de baja graduación, también rechaza otra medida incluida en la propuesta: que al igual que ocurre con el tabaco, figuren en el etiquetado de las botellas advertencias sobre los efectos perjudiciales a la salud.

Otra propuesta que tampoco les gustará es la dura condena contenida en el informe contra la campañas que apelan al «consumo responsable», sustituyéndolas por aquella que adviertan que el consumo de alcohol es adictivo. «No hay que fomentar el consumo porque, moderado, responsable o no, es consumo».

Otro apartado que corre el peligro de ser recortado son las nuevas limitaciones a la publicidad, y que por ejemplo prohíben el patrocinio de marcas de alcohol en eventos con menores.