El Gobierno quiere dar "un paso más" y dejar muy claro que ningún padre puede castigar físicamente a sus hijos, según anunció ayer la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce. En su opinión, se trata de reconocer de forma explícita lo que ahora es implícito.

Los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Justicia están estudiando la posibilidad de modificar el artículo 155 del Código Civil, que autoriza a los padres a "corregir razonable y moderadamente" a sus hijos. Cuando el cambio sea una realidad, el texto contendrá, además, una frase más o menos parecida a ésta: "Sin que en ningún caso se les pueda imponer castigos físicos o humillantes o que atenten contra sus derechos fundamentales".

"En la jurisdicción española no se permiten los castigos físicos de padres a hijos, pero la intención del Ejecutivo es hacer una declaración de principios para reforzar la actual prohibición", explicó Valcarce.

POTESTAD DE LOS PADRES El actual artículo 154 del Código Civil afirma que "los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y la madre". El artículo 155 destaca que "la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio" de los niños. Y añade: las obligaciones de los padres son "velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y educarlos". Acto seguido, el artículo subraya que "los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad". Además, les autoriza a "corregir razonable y moderadamente a los hijos".

En opinión de Valcarce, esta frase "no implica una permisibilidad legal" a la hora de propinar bofetones, pero el cambio que baraja el Gobierno es "necesario" para evitar cualquier atisbo de duda.

"Hay que educar a los niños en el respeto. Ser padres implica dialogar con los hijos. Las relaciones paternofiliales se tienen que basar en el respeto y el amor", destacó Valcarce, que se declaró "radicalmente opuesta" a los bofetones.

Precisamente, la Cámara de los Comunes británica rechazó a principios de noviembre una enmienda a un proyecto de ley que pretendía prohibir cualquier tipo de bofetada a los hijos. El promotor de la iniciativa, el diputado laborista David Hinchliffe, consideraba que los bofetones "atentan contra los derechos humanos", pero sus argumentos no convencieron a la mayoría de los parlamentarios. Estos esgrimieron el "sentido común" para autorizar los cachetes siempre y cuando se realicen por motivos de "disciplina" y, por supuesto, "con moderación".

VIEJA REIVINDICACION Tras insistir en su postura contraria a cualquier forma de castigo físico infantil, la secretaria de Estado recordó que las plataformas de defensa de los niños venían reclamando desde hace tiempo una prohibición explícita de los cachetes. También el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, se ha mostrado en numerosas ocasiones en contra de los bofetones.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, que acudió al Congreso de los Diputados junto con un grupo de niños, insistió en que el Gobierno se ha marcado como objetivo "la erradicación de la violencia" ejercida o sufrida por los menores. "No es algo que se da en otros países, sino que la tenemos aquí, en los hogares y en los colegios", dijo en referencia a Jokin, el chaval que se suicidó en Hondarribia (Guipúzcoa) porque no podía soportar las vejaciones de sus compañeros.