"El Estado se defiende a sí mismo. ¡Es una vergüenza!", clamaron los habitantes de L'Aquila al conocer la sentencia. "Ha terminado una pesadilla", comentó Enzo Boschi, que en el 2009 era el presidente de la Comisión Nacional de Geofísica. Como él, suspiró aliviada la comunidad científica internacional, de la que ayer recibió Boschi numerosas llamadas, después de que en el 2012 se quedaran pasmados cuando un tribunal de primera instancia condenó a los siete miembros de la comisión a seis años de prisión y al alejamiento de por vida de cargos públicos. La corte les consideró culpables de no haber previsto el terremoto, que causó 300 muertos, después de 400 temblores previos, el último de los cuales fue de cuatro grados de magnitud.

Todos los condenados menos uno han sido absueltos. "La condena constituía un precedente preocupante", explicó el físico Luciano Maiani. "El lenguaje de la ciencia es distinto del de los medios de comunicación", subrayó Boschi.

La sentencia absolutoria considera que la cuestión de la falta de alarma fue política y no científica. Para salir al paso de los avisos que lanzaba Giampaolo Giuliani, un técnico de laboratorio que en aquellos días analizaba el aumento de gas radón en el suelo, Protección Civil reunió a toda prisa a la Comisión Nacional de Geofísica para tranquilizar a los habitantes. "Tomaos un vaso de agua y a dormir tranquilos", recomendó esta. Con la mala suerte de que al cabo de cinco días la ciudad sufrió un terremoto de 5,9 grados. Resultado: 309 muertos, 1.500 heridos, 18.000 personas sin vivienda y daños por valor de 10.200 millones.

El único condenado --dos años de prisión-- es Bernardo de Bernardinis, en el día de autos número dos de Protección Civil, a quien unas 20 personas acusan de homicidio involuntario, por lo que el proceso deberá continuar. Queda pendiente un eventual proceso a Guido Bertolaso, exdirector del organismo y ahora trabajando en Liberia contra el ébola. El sumario está por cerrarse y la sentencia que atribuye "la mala información a Protección Civil y no a los científicos" podría agravar su responsabilidad. Sin embargo, el fiscal general, Romolo Como, ha manifestado su "desconcierto" porque no esperaba que la sentencia "descargara toda la responsabilidad sobre Protección Civil".