Se notará ya en la nómina de este mes. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de control de la judicatura, ultima la evaluación del trabajo de los jueces durante el último semestre del 2003 para establecer quiénes merecen un complemento en su salario por mayor productividad. Las críticas al nuevo método de evaluación se han disparado entre las asociaciones de jueces, que coinciden en calificar el sistema de "concepción mercantilista" de la administración de justicia.

Los jueces, 4.350 en toda España, han enviado durante todo el mes de enero al CGPJ sus folletos de control de rendimientos debidamente cumplimentados. Los que hayan superado en un 20% los baremos establecidos verán cómo su nómina se incrementa entre un 5% o 10% al mes. No será hasta el año que viene cuando se empiece a aplicar una reducción salarial a los que no alcancen el 80% de los objetivos.

Es difícil hacer un cálculo del incremento mensual en tanto que los sueldos son variados y dependen de la jurisdicción y la antigüedad.

Si supera en un 20% el límite de trabajo establecido, en este caso 748 puntos anuales, podría cobrar un complemento máximo de 208 euros al mes (34.608 pesetas) y un mínimo de 104 euros (17.300).

Cada juez se rige por unos módulos que valoran con puntos (cada punto equivale a una hora de trabajo) las distintas resoluciones que adopta en función de la jurisdicción que ocupa (Social, Civil, Penal o Contencioso-Administrativa).

Si se supera la productividad en un 20%, llega el plus. Si no se alcanza el 80%, el CGPJ abre un expediente para que el profesional pueda explicar su retraso. Si no se justifica, llegará la reducción de sueldo.

Lejos de satisfacer, el método utilizado para medir el trabajo tiene enervada a toda la profesión. Un ejemplo de la unanimidad de las críticas es el hecho de que las tres asociaciones de jueces que aglutinan a la magistratura española coinciden en las quejas. Tanto las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación Francisco de Vitoria como la progresista Jueces para la Democracia (JpD) echan por tierra el sistema de módulos ideado.

EN ZARAGOZA, SUPERADO Alfonso Ballestín, titular del Juzgado de Instrucción número tres y portavoz de Jueces para la Democracia en Zaragoza, asegura que "Estuvimos de acuerdo con la Ley de Retribuciones del 2003, en el que se alcanzó un consenso entre las principales asociaciones judiciales y la Administración, pero no nos convence el desarrollo reglamentario de los baremos que se van a utilizar".

"En Zaragoza, todos los juzgados de Instrucción hemos superado el 20% del límite de trabajo establecido, y en algunos casos se ha llegado al 200%.", añade Ballestín.

Para Javier Cantero, magistrado de la Audiencia de Zaragoza y portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, "el sistema de baremación decidido por el Poder Judicial es ridículo y no se ha tenido en cuenta la opinión de los jueces. No nos negamos a una medición de la productividad, porque somos trabajadores por cuenta ajena, pero que se realicen inspecciones y se compruebe in situ el trabajo de los juzgados".

Unas reflexiones compartidas por la magistrada Concepción Sotorra, de la conservadora Francisco de Vitoria: "La herramienta de medida está muy distorsionada y aboca a una fabricación masiva de resoluciones cuando la cantidad no se traduce en calidad".