A partir del 1 de julio, los grandes puertos españoles de pasajeros y mercancías se blindarán en aras de la seguridad. Exhaustivos controles en los accesos mediante tornos para personas y barreras para vehículos y trenes, zonas restringidas y sistemas de videocámaras diurnas y nocturnas son los ejes de un plan de protección requerido por la normativa internacional.
La amenaza del terrorismo internacional ha provocado una sustancial modernización de la normativa de protección de buques e instalaciones portuarias, conocida como Código ISPS. Se trata de un procedimiento de seguridad aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI) para proteger la navegación comercial tras los atentados islamistas del 11-S del 2001.
ZONAS RESTRINGIDAS Autoridades portuarias, navieras, empresas de transporte por mar y buques han de disponer de delegados de seguridad. Así, al control de accesos se unirán las zonas restringidas, donde sólo se podrá entrar mediante una tarjeta magnética individualizada. Los sistemas de videocámaras diurnas y nocturnas, conectados entre sí por fibra óptica, permitirán ejercer la vigilancia desde un centro de control.
Las terminales más expuestas a riesgos, como las que almacenan o en las que se manipulan productos químicos o peligrosos, tendrán que ser aisladas con vallas dotadas con sensores y totalmente iluminadas. Por otro lado, la Policía Portuaria y la Guardia Civil incrementarán sus patrullas y efectivos.
La aplicación de esta norma implicará un desembolso superior a los dos millones de euros (333 millones de pesetas). Ello repercutirá en los costes de explotación de puertos y navíos. Muchos puertos españoles esperan subsanar a lo largo del año las dificultades que encuentren. Pedro J. Román Núñez, coordinador de responsabilidad del Ente Público Puertos del Estado, ha advertido de que "no habrá una moratoria".
