Solo una de las 17 mujeres que han muerto asesinadas este 2019 a manos de sus parejas o exparejas habían presentado denuncia por malos tratos. Por eso, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidió ayer a las mujeres que los sufren que vayan a los servicios sociales a contar que sufren violencia de género, «el problema más grave que existe en España», subrayó la número dos del Gobierno. Calvo pidió a la ultraderecha que no «diluya» ese concepto.

Calvo se refirió de este modo al último asesinato de una mujer de nacionalidad sueca en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo marido ha sido detenido. Si se confirmara el crimen machista, sería la víctima 17 de este año y la 992 desde que en el 2003 se empezaron a contabilizar en España. «Pedir que vayan a una comisaria es mucho para mujeres que a veces intentan saber lo que les pasa», dijo Calvo, pero recordó que pueden acudir a los Servicios Sociales de los ayuntamientos para hablar con un especialista. «Lo que queremos es que denuncien», agregó en una entrevista en la Cadena SER.

Para Calvo, cada asesinato machista «da la medida de la tragedia» de lo que es la violencia de género, «el problema más grave en la agenda de este país». «Si el problema más grave no es cómo se asesina a las mujeres por el hecho de serlo, ya nos tendríamos que preguntarnos lo que es grave», aseveró.

«La ultraderecha ha venido a negar esto; diluir el concepto de violencia de género es peligrosísimo y fue un acuerdo de Estado», dijo Calvo, quien opinó que «negar esa realidad es debilitarnos para combatirla».

La vicepresidenta discrepó con la decisión de trasladar a un juzgado de violencia sobre la mujer el caso del suicidio asistido de María José Carrasco, con ayuda de su marido. «No ayuda nada» investigarlo como violencia de genero, manifestó Calvo, quien aseguró que los jueces pueden interpretar la ley, pero en este caso se ha expresado el deseo de la mujer de morir y habría quedado resuelto si se hubiera aprobado una ley de eutanasia.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto para regular las Unidades de Igualdad en la Administración General del Estado y «hacer efectiva» la igualdad de género y oportunidades en este ámbito. Estas unidades estarán integradas en cada Ministerio, y entre otras cuestiones se encargarán de recabar información sobre las políticas públicas y su impacto desde una perspectiva de igualdad de género, sobre la implementación del Protocolo frente al acoso sexual, y asesorar y proponer medidas en este sentido.