La petición del juez José Ignacio Martínez para que los medios de comunicación no puedan acceder mañana a la Ciudad de la Justicia porque comparece el imputado Agapito Iglesias ha conseguido soliviantar a la profesión periodística y movilizar a los abogados personados en la causa. Por novedosa (nunca se han puesto trabas a la labor de los periodistas en estas tierras) y por extemporánea. El magistrado, a la sazón instructor del caso, aduce que se pueden generar problemas de seguridad. Es de sobra conocido el peligro que entrañan bolígrafos, grabadoras y cámaras en tiempos de opacidad y derechos recortados como los actuales, pero cuando han desfilado por los pasillos judiciales expresidentes de Gobierno, viceconsejeros, alcaldes, concejales, banqueros y hasta un arzobispo, que comparezca un empresario del ladrillo, de poco fuste aunque mucho renombre, es peccata minuta. Si Iglesias (Agapito) tiene miedo a ser increpado en la calle será un problema suyo. De orden público si pasa a mayores. Esconderlo de la prensa será elevarlo a una categoría que no posee. ¿O es infante de España?
