Al hacer balance de la última campaña de la renta, los responsables del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón se mostraban sorprendidos por el creciente número de clientes que declaraban tener ingresos procedentes del alquiler turístico de sus viviendas. Aunque el fenómeno parecía ser cosa de las zonas de costa y los grandes mecas urbanas del turismo como Barcelona o Madrid, la realidad es que la oferta y demanda de esta tipología de alojamiento vacacional se ha disparado también en la comunidad en sus diferentes modalidades, sobre todo en la ciudad de Zaragoza y en el Pirineo. Cada día son más los particulares que optan por dar un uso turístico a sus viviendas como una manera de obtener ingresos complementarios. Al mismo tiempo han emergido con fuerza profesionales de este negocio, en el que también han entrado las propias empresas de hoteles.
Hay que tener en cuenta que dentro este mercado emergente coexisten diferentes conceptos jurídicos de alojamiento, ya que no es lo mismo un apartamento turístico que una vivienda de uso turístico. La primera categoría se refiere a unidades de alojamiento que están constituidas como empresas y los inmuebles no tienen carácter residencial. La segunda alude a los pisos registrados como unidades residenciales y su propiedad es individual. Aunque tienden a confundirse, en esencia el servicio básico ofrecido es el mismo: alojamiento temporal por temporadas cortas.
Ambos tipos de alquiler turístico han pasado de ser algo residual en Aragón a convertirse en un pilar fundamental de la oferta del sector, con más de 3.100 alojamientos entre las dos modalidades legales que existen. Al contrario de lo que ha ocurrido en otras partes de España, la tendencia sigue al alza en la comunidad.
El caso de apartamentos turísticos es especialmente llamativo. En Aragón había registrados en junio 1.812 (1.015 en Huesca, 501 en Teruel y 296 en Zaragoza), más del triple de los que había en el 2017 (628), mientras que el número de plazas se ha cuadruplicado, de 2.773 a 8.153, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El auge ha sido tal que ha hecho que se convierta en la segunda modalidad extrahotelera de la comunidad por pernoctaciones (610.762, casi el triple que hace diez años) al haber superado a las casas rurales (563.125), con las que empata en número de viajeros, con algo más de 196.000 en ambos casos. El primer puesto sigue en manos de los cámpings, con 372.749 viajeros y 1.122.525 pernoctaciones.
el 60% en el pirineo / En cuanto a las viviendas de uso turístico (VUT), el Gobierno de Aragón puso en marcha en agosto del 2015 un decreto para regular esta actividad que se estaba desarrollando sin ningún control. Desde entonces, el registro no ha parado de crecer. Al cierre del 2018 había 1.371 viviendas inscritas, el doble de las que había un año y medio antes, en el verano del 2017 (769). En torno al 60% de ellas se encuentran en las comarcas pirenaicas y otro 20% en el entorno metropolitano de Zaragoza, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.
El pasado año entraron en este registro 427 VUT, una cifra que va camino de ser rebasada en el 2019, ya que en lo que va del ejercicio ya se han sumado 252. De estas ultimas, la mayor parte (138) están situadas en la provincia de Huesca, donde las comarcas que han incorporado más viviendas de este tipo son Alto Gállego (54), Jacetania (39), Ribagorza (29) y Sobrarbe (10). En la provincia de Zaragoza se han inscrito 71, casi todas ellas (61) en la capital aragonesa y su entorno, y 6 en Calatayud. En Teruel han sido 43, de las que 22 se encuentran en la comarca de la capital turolense, 9 en Gúdar-Javalambre, 5 en el Matarraña, 4 en la Sierra de Albarracín y 3 en el Bajo Aragón.
La regulación del Gobierno de Aragón considera legal el alquiler de una vivienda solo si es cedida al completo y no por estancias. En función de las características de la propiedad, el alojamiento puede catalogarse como apartamentos turísticos o VUT. La DGA lleva a cabo planes de inspección donde se incluyen estos pisos para comprobar que se cumplen los requisitos de habitabilidad y servicios estipulados por la ley. La falta de inscripción en el registro autonómico de viviendas de uso turístico puede acarrear una sanción económica.
