El pasado miércoles, diversos representantes de Enel, la compañía a la que pertenece Endesa, enviaron el esperado certificado de defunción de la térmica de Andorra a los representantes del Gobierno, para cumplir con los trámites preceptivos necesarios y comunicarles que la próxima semana se hará efectivo el plan por el que se dejará de invertir un céntimo más y tendrá que cerrar en el 2020.

Mientras el Ministerio de Transición Ecológica era conocedor de una noticia que en realidad se esperaba ya desde mayo del año pasado, el Gobierno aragonés era completamente desconocedor de lo que se fraguaba en despachos de Madrid, lo que ha tensionado todavía más las ya maltrechas relaciones entre el ministerio y el Ejecutivo autonómico. Y aún más, entre la ministra, Teresa Ribera, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, que la considera digna heredera de otra exministra con la que el dirigente aragonés mantiene una pésima relación, Cristina Narbona.

No solo en los despachos de Madrid se terminaba de dar la puntilla a la central. También en dependencias de la Delegación del Gobierno que dirige Carmen Sánchez se confirmaba que el porvenir de esta industria era más negro que la materia prima que quema, algo que puso en alerta al propio Ejecutivo autonómico. Si bien fuentes de la delegación confirmaron la existencia de esa reunión, intentaron dar un ligero hálito de esperanza, aunque lo cierto es que la empresa podría incluso haber presentado en la subdelegación su plan para no intervenir más en la planta andorrana.

Si las relaciones del Gobierno autonómico con el ministerio están ahora en un punto de no retorno, aún lo están más con una empresa a la que el presidente aragonés ha dedicado un buen número de epítetos poco agradables.

Ayer los teléfonos entre administraciones y empresa echaron humo, pero prácticamente todas tuvieron una actitud grotesca al tratar de desmentir a medias una realidad constatable: la empresa ha sido muy franca al notificar que los días de la central están contados. Así lo sabía el ministerio y la delegación. Pero bastó que la profesionalidad de un periodista de El Confidencial que hizo bien su trabajo y dio la exclusiva para que de nuevo la empresa como las administraciones implicadas trataran de restar importancia a lo que sabían que se había realizado: el mensaje claro de que la compañía italiana no iba a invertir más.

En realidad, con la información adelantada solo se truncó la estrategia comunicativa del ministerio y del propio Gobierno de Aragón, sabedores ambos de que en diciembre tendrían que gestionar informativamente la noticia. La gestión de las crisis, y más en política, son parte del éxito. El lunes estaba prevista dentro de la comisión bilateral Aragón-Estado una declaración conjunta en favor del tan traído término «transición justa» para Andorra, que ahora tendrá que rehacerse. Hoy mismo se terminará de perfilar cuál es la salida digna a ese punto de la reunión, que según aseguraron ayer diversas fuentes se pretende mantener en un orden del día que todavía no está cerrado.

No solo --y quizá es el punto menos importante-- se ha truncado una salida a la comisión del lunes. Pendiente está la visita de la ministra a Andorra, una visita pospuesta más de una vez que evidencia el escaso interés de la ministra por hacerlo por la incomodidad de ir a una localidad que vive en parte de una empresa muerta anticipadamente. Esa visita se había programado en verano, se pospuso a noviembre y ahora, con la estrategia de Enel al descubierto, se aplaza al 10 o 12 de diciembre, aunque las aguas no escamparán y --si se llega a realizar-- se prevé una visita tensa con una localidad que puede recibir de uñas a la comitiva oficial.

Pero en estas tres semanas de tiempo, los que ayer intentaban negar una evidencia confirmada buscarán una contraoferta que pueda remediar aunque sea parcialmente el destrozo que pueden sufrir las comarcas mineras. En hallar esa alternativa se van a centrar todos los esfuerzos. Tratarán de comprometer la inversión que sería necesaria para adaptar la central y el mantenimiento de los puestos de trabajo en alternativas para la comarca. Y ahí se abre un caramelo --el de energías alternativas, la eólica y fotovoltaica-- que podría interesar a la empresa italiana. Así, el amargo anuncio de ayer se podría compensar con otro que paliara el mazazo recibido.

El Gobierno de Aragón confía en la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, y algo menos en el ministerio, si bien los recelos son recíprocos. En cualquier caso, van a ir de la mano y en los últimos meses han tenido más de una conversación tensa en las que Lambán les ha exigido más contundencia en la defensa de los intereses de la central. Con escaso éxito, eso sí. Otra incógnita que contemplan es saber cuál será el apoyo de los sindicatos, que alcanzaron un pacto con el Gobierno pero obviaron la parte más importante, la voluntad de la empresa.