El año 2003 se cerró con déficit en el ayuntamiento de Zaragoza, y esta situación obligaba a elaborar un plan de estabilidad presupuestaria capaz de convencer al Ministerio de Hacienda de que el consistorio recuperará el camino de la gestión económica. El programa, a cumplir en tres años, se encargó a la consultora Price Waterhouse. Si no hay plan, no hay autorización para nueva deuda. Además, el consistorio sobrepasa la tasa de deuda máxima autorizada, el 110%. Mientras dure esta situación, sus cuentas deben estar tuteladas por la DGA; de hecho, ha sido así en los últimos años, y el responsable económico debía pedir permiso al consejero de Presidencia, José Angel Biel, para cualquier operación crediticia.
