La Agencia Tributaria ha denunciado ante la Fiscalía la presunta comisión de un delito tributario por parte de los responsables del Real Zaragoza SAD en el ejercicio del 2010. El ministerio público ha abierto diligencias para efectuar una investigación preliminar previa a la presentación de una querella contra los responsables de la compañía deportiva.
La Inspección de Hacienda sostiene que los gestores del Real Zaragoza SAD cometieron un delito tributario al no haber ingresado en las arcas públicas alrededor de 900.000 euros que previamente habían descontado de las nóminas de sus empleados --el grueso corresponde a futbolistas y técnicos-- en concepto de retención a cuenta del IRPF (Impuesto de Renta de las Personas Físicas) del 2010, cuyo periodo de liquidación concluyó el 30 de junio del año siguiente.
La Agencia Tributaria cifra en 900.000 euros la cuota defraudada, y el Código Penal sitúa la barrera entre la infracción administrativa y el delito en 120.000 euros en un ejercicio fiscal.
MILLONES La ley castiga con penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta el séxtuplo de la cuota defraudada --en este caso el límite estaría en 5,4 millones--, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
La denuncia señala como presuntos responsables del delito a los gestores del Real Zaragoza SAD, compañía que, en cualquier caso, sería encartada como responsable civil subsidiario de los anteriores. Eso quiere decir que las arcas de la compañía blanquilla deberían afrontar las responsabilidades pecuniarias de los culpables --una indemnización conjunta de 900.000 euros y multas individuales de hasta 5,4 millones-- en caso de condena.
La Fiscalía ha abierto diligencias previas para, entre otros extremos, determinar hacia qué personas físicas debe dirigir las acciones penales. La querella que presente será registrada ante el Decanato de la Ciudad de la Justicia, que la turnará por sorteo al juzgado de instrucción que le corresponda investigarla.
La Agencia Tributaria sitúa el presunto delito fiscal en uno de los ejercicios más convulsos de la reciente etapa del Real Zaragoza SAD. Durante nueve de los doce meses del 2010, de abril a diciembre, el consejo de administración de la compañía blanquilla estuvo integrado por Agapito Iglesias, Francisco Checa y Javier Porquera, que fueron elegidos el 29 de marzo por la asamblea de accionistas, controlada por el primero de esos ejecutivos, que posee más del 80% de las acciones a través de la empresa madrileña Zaragoza Sport Arena XXI.
CESA BANDRÉS Ese día se hizo efectivo el cese de los anteriores administradores: el presidente del Real Zaragoza SAD y exconsejero de Economía de la DGA Eduardo Bandrés, que renunció al cargo junto con Manuel Teruel, José Luis Melero, Agustín Ubieto, Fernando Zamora y José María Serrano.
Estos habían anunciado su dimisión el 30 de diciembre, en plena crisis social y deportiva del zaragocismo que tuvo su punto culminante con la derrota por 1-2 ante el Athletic de Bilbao, el cese del entrenador Marcelino García Toral y la locuaz despedida de este antes de ser finiquitado con pagarés del Betis.
