La decisión del Supremo de paralizar la sentencia que obliga a los bancos a pagar los gastos de las hipotecas no ha hecho sino generar aún más confusión en la comunidad en torno al impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). El comunicado enviado ayer por el Alto Tribunal dejó totalmente descolocados a abogados, notarios, ciudadanos e incluso al Gobierno de Aragón, que, basándose en el fallo del Supremo del pasado jueves, iba a ser uno de los afectados por la decisión. De hecho, el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ya dijo ayer antes de conocer la paralización del fallo que la devolución del impuesto a los ciudadanos que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años correspondería a las comunidades autónomas. Sin embargo, ahora todo queda en el aire a la espera de lo que decida finalmente el Alto Tribunal.
El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, indicó ayer por la mañana que la sentencia del jueves del Supremo afectaría en los últimos cuatro años a 30.000 préstamos firmados por aragoneses, una cartera por la que se habrían pagado unos 90 millones en concepto de AJD. Es decir, este es el importe que habría recaudado Aragón con este impuesto en los últimos cuatro años.
La decisión del jueves del Alto Tribunal puso en jaque a todas las comunidades autónomas -que son las que recaudan y gestionan este tributo-, ya que adelantar la devolución de todo ese dinero tendría efectos, al menos temporalmente, en las arcas públicas en materia de presupuestos o déficit. Con todo, Gimeno dijo ayer que el hecho de que «pague uno u otro no tiene ninguna repercusión sobre los ingresos ni sobre los gastos».
Sea como sea, el consejero aragonés envió en la mañana de ayer una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle que los responsables tributarios del Gobierno de España reúnan a los autonómicos para que estudien el problema en profundidad y busquen una solución.
LA FÓRMULA ELEGIDA
En este sentido, varias fuentes apuntaron ayer a este diario que una de las posibilidades para que los ciudadanos que han firmado una hipoteca en los últimos cuatro años pudieran tramitar sus reclamaciones sería que las administraciones autonómicas habilitaran una herramienta para aglutinar todas ellas, como por ejemplo prevé hacer la Agencia Tributaria con la prestación por maternidad. «El problema es de una envergadura enorme, por eso debe solucionarse de la misma forma para toda España», indicó Gimeno. Fuentes de la DGA aseguraron ayer que antes de conocer la paralización del Supremo, los técnicos ya habían empezado a esbozar un formulario para agilizar los trámites a los afectados.
La incertidumbre que ha sembrado el Supremo también está golpeando al sector bancario aragonés, que espera expectante cualquier movimiento del Alto Tribunal. Aunque ninguna de las entidades de la comunidad se ha querido pronunciar hasta el momento, Ibercaja es la que más se juega, ya que cuenta con una cuota de mercado en hipotecas que supera el 40% en la comunidad. Si en los últimos cuatro años se han firmado 47.164 préstamos en Aragón, el banco podría aglutinar más de 20.000. En el caso de que la retroactividad fuera total y la banca tuviera que devolver los gastos de todas las hipotecas suscritas, las entidades se verían obligadas a desembolsar 10.000 millones de euros. En este caso, el impacto para Ibercaja sería de algo más de 200 millones de euros, es decir, los beneficios de dos años.
Fuentes del sector señalaron que este escenario devolvería a la banca al año 2012, cuando hubo necesidad de iniciar una profunda recapitalización. Estas pérdidas, añaden, llevarían por tanto a realizar nuevas provisiones en un momento en el que el margen de las entidades en el negocio de las hipotecas es muy bajo. Otro de los asuntos que preocupa es la inseguridad jurídica que genera esta situación.
Que se saturen aún más los juzgados creados para tramitar las demandas de cláusulas suelo dependerá de las aclaraciones que haga el Supremo en los próximos días. Si establece una retroactividad total, los abogados sí prevén un mayor colapso porque todas las reclamaciones de hace más de cuatro años irían por la vía civil. Si el Alto Tribunal lo circunscribe a los últimos cuatro años, que es el plazo para reclamar cuestiones tributarias, estos juzgados específicos no se saturarían, ya que todas las posibles reclamaciones, al tratarse de un conflicto con la administración, irían por lo contencioso administrativo.
Si se determina la retroactividad total, todo hace indicar que abogados y jueces pedirán reforzar los juzgados de cláusulas suelo, que en Aragón ya se encuentran saturados. Este año han recibido 4.396 demandas, frente a las 4.384 que se registraron entre el 1 de junio (cuando se pusieron en marcha) y el 31 de diciembre del 2017.
