Los jubilados pusieron ayer el broche final a un año de movilizaciones para reclamar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro. Y lo hicieron con la incertidumbre de no conocer qué pasará en el 2019, un año en el que se deberá tomar una decisión para garantizar que quienes pasen al retiro, en el 2019 y en los años sucesivos, puedan percibir una prestación que, hoy por hoy, está en tela de juicio.
Aragón es el vivo ejemplo de que el sistema hace aguas. En el 2017, un total de 323.024 aragoneses percibieron algún tipo de pensión (contributivas, no contributivas, de viudedad o asistencial, entre otras). Esta cifra supone un incremento de más de 25.000 nuevos perceptores respecto al 2008 (297.128 personas), según el estudio elaborado por Hacienda sobre El mercado laboral y las pensiones en las fuentes tributarias. Lo relevante es que en ese mismo periodo, el número de personas afiliados a la Seguridad Social ha descendido en más de 39.145 efectivos. En resumen, desde el inicio de la crisis económica hasta hoy, hay unos 26.000 pensionistas más en Aragón y casi 40.000 empleados menos. Estos datos llevan a una conclusión: el número de prestaciones por persona en la comunidad es de 1,13, al mismo nivel que la media nacional, según las cifras de la Agencia Tributaria.
NÚMEROS ROJOS
El reflejo de esta brecha se plasma en unas cuentas en números rojos. En Aragón, solo el coste de las pensiones contributivas en el 2017 fue de 3.832 millones, mientras que los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social alcanzaron los 2.946 millones. Es decir, arrojan un déficit de 886 millones (ver gráfico). Si extrapolamos los datos a todas las prestaciones y el agujero aumenta hasta los 6.000 millones en los últimos cinco años en la comunidad (13.960,3 millones de ingresos al Seguro de 2013 a 2017 frente a 20.022,6 millones de gasto).
La radiografía no puede ser más elocuente. La crisis económica, la generalización de los bajos salarios y el envejecimiento de la población han asestado un golpe mortal al sistema público de pensiones. Este último factor tiene su reflejo en el aumento de los pensionistas en la última década. Solo en Aragón el repunte ha sido de 25.896 personas (+8,75%). Además, el incremento del importe medio anual de estas prestaciones ha sido del 36,9% (4.072 euros más al año). Si un jubilado cobrada de media 11.035 euros en el 2007, diez años después la cifra alcanzaba los 15.107 euros. Según los datos de la Seguridad Social, el Estado tiene que desembolsar en la comunidad más de 304 millones de euros al mes solo en abonar prestaciones contributivas.
Pero los salarios, cuyo importe determina cuánto dinero va destinado a la Seguridad Social a través de las cotizaciones, no han seguido un camino paralelo. Así, un asalariado de la comunidad percibía en 2017 una media de 19.461 euros, mientras que una década más tarde la cifra repunta solo 500 euros (18.985 euros).
El economista y catedrático de Finanzas de la Universidad de Zaragoza, Luis Ferruz, sostiene que la crisis «ha influido negativamente en la situación actual y futura del sistema de pensiones», al tiempo que asegura que en el caso particular de Aragón «se unen factores adicionales como la creciente despoblación y el agravado problema del envejecimiento».
CRECE LA DESIGUALDAD
Al problema del déficit del sistema se une el incremento de la desigualdad de los pensionistas en la comunidad, según reflejan las cifras de la Agencia Tributaria, que ahondan en la brecha que existe entre quienes perciben una prestación.
De los 323.024 perceptores de pensiones en Aragón, casi 80.000 ingresan menos de 8.400 euros anuales. De hecho, más de 25.635 perciben 2.252 euros al año, mientras que otros 53.862 reciben 6.805 euros al año, es decir, un poco más de 500 euros mensuales. En el otro extremo, destaca la existencia de 657 pensionistas en Aragón que perciben una pensión media anual de 153.504 euros.
El sociólogo de la Universidad de Zaragoza, Pau Marí-Klose, recientemente nombrado alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, ha dirigido el primer informe sobre la desigualdad en Aragón. En el mismo, se prevé que en el 2023 los trabajadores aragoneses «se jubilarán más tarde que ahora y disfrutarán de unas pensiones cuya cuantía será inferior a las que hay en la actualidad». Es decir, «las rentas económicas de los jubilados empeorarán progresivamente».
MÁS EMPLEO
Todos los expertos coinciden en señalar que el empleo es el gran remedio para paliar la financiación de las pensiones. «La clave está en generar más trabajo y mejor remunerado sobre la base de atraer mucha inversión directa extranjera que opere como gran catalizador, manejando bien políticas fiscales, mejora de infraestructuras y préstamos en condiciones especiales», asegura Ferruz. El catedrático también considera que será necesaria alguna nueva figura tributaria, potenciar la natalidad y reforzar los pilares de los sistemas de ahorro previsión.
