La Policía de Zaragoza desalojó en la mañana de ayer el gueto que se había creado en las calles de Santa Fe e Isla de Mallorca, en el barrio de La Jota, en cumplimiento de una orden judicial emitida el 29 de octubre. La grúa derribó varias viviendas y la zona quedó acordonada y con vigilancia policial y privada para evitar una podible reocupación. El desalojo, en el que participaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, se desarrolló sin incidentes, aparte de algunos enfrentamientos verbales, y las diez familias que quedaban en el lugar, la mayoría de etnia gitana, dejaron las parcelas con los enseres que pudieron salvar.

Previamente a la actuación policial, el gueto ya había sido abandonado por varias familias. Alfonso Bayo, abogado de la inmobiliaria Balcón de Miralbueno, del grupo de empresas Eriste, informó de que a principios de este mes aún quedaban en el lugar 200 personas, que ayer se habían reducido a no más de 80. En los solares se construirán viviendas de precio libre.

Fuentes policiales y vecinales coincidieron en que el gueto se había convertido en los tres últimos años en un foco de inseguridad ciudadana y que se habían cometido robos y asaltos en este sector de la ciudad, que eran atribuidos en parte a algunos de los residentes del lugar.

"El último incidente se registró el pasado martes, cuando dos de los habitantes de estas casas fueron detenidos por desvalijar una harinera próxima", informaron las fuentes policiales citadas.

A las ocho de la mañana se desplegó un importante dispositivo policial y se informó a las familias de que disponían de una hora y media para abandonar las parcelas. No obstante, el desalojo ya había sido comunicado en los días anteriores a la mayoría de ellas.

En el lugar se personó la junta directiva de la Asociación Gitana de Zaragoza, que medió para que no se produjeran incidentes durante la ejecución de la orden judicial.

No obstante, José Hernández, presidente de la asociación, criticó duramente "las formas" en que se efectuó el desalojo y el "desamparo" en que quedaban las familias, casi todas con hijos de corta edad. Sonia Aguilar, trabajadora social de la entidad, explicó que las instituciones se habían comprometido a ayudar a los desalojados hasta que buscasen una solución, "pero no han cumplido lo prometido".

Las críticas se dirigieron contra la concejala de Acción Social, Carmen Gallego, "quien ni siquiera se ha puesto al teléfono cuando le hemos llamado en busca de soluciones. En el Albergue Municipal no acogen a las familias porque no reúnen los requisitos exigidos: Que no tengan niños, que no estén sometidos sus miembros a tratamiento de metadona y que no hayan sido desalojadas en alguna ocasión anterior", informó Aguilar.