Acuciados por la necesidad de rendir cuentas ante una ciudadanía que así lo demanda, y amenazados por una posible caída electoral, el PP y el PSOE han hecho públicas unas propuestas de regeneración democrática que ya desde el propio título guardan más similitudes que diferencias. Tres meses exactos se han llevado el documento que presentó primero el PSOE, el pasado 22 de agosto, y el que difundió en un gran acto político el PP este pasado fin de semana y que supone un desarrollo de las propuestas que Luisa Fernanda Rudi ya avanzó en el debate del estado de la comunidad de septiembre.
Ambos documentos tienden la mano a pactos entre partidos y, en el caso del PSOE, es un documento abierto a la ciudadanía, que pueden incluir asimismo sus planteamientos y sugerencias. Ambos defienden el pacto pero no han sido capaces de concretarlo en un documento consensusado a pesar de las declaraciones de unos y otros. A menos de cinco meses del final de legislatura, parece improbable que se alcance.
Aunque los dos grandes partidos son los que han escenificado sus medidas, otras formaciones, en especial CHA e IU, llevan meses presentando propuestas de regeneración democrática y han defendido iniciativas parlamentarias en este sentido. Sin mucho éxito, ya que han hallado el rechazo de los votos de la mayoría parlamentaria PP-PAR.
Los documentos de socialistas y conservadores se pueden consultar en las respectivas webs corporativas de las dos formaciones y están agrupadas en varios bloques temáticos. Los populares agrupan un buen número de ellas, 28 de las 41 que tiene el texto, en un apartado denominado Medidas relativas a las instituciones públicas y a sus representantes que en el caso del PSOE se estructuran en los tres bloques que reúnen sus propuestas: Ejemplaridad, Control y transparencia y Democracia y participación. Alrededor de una veintena son coincidentes.
CAMPAÑAS ELECTORALES
Difieren en que el PP plantea la reducción del número de diputados autonómicos --algo que genera el rechazo de la mayoría de partidos-- y en que los conservadores proponen la reducción de la campaña de 15 a 9 días. Los socialistas quieren que, "más que la reducción del tiempo de las mismas (en realidad empiezan mucho antes de la fecha oficial)" haya "un mayor grado de control y publicación de los gastos electorales". Algo que también señala en su punto 31 el PP, que sugiere un techo de gasto electoral que se debe presentar en el plazo de un mes, ante la Cámara de Cuentas.
Coinciden en la supresión de aforamientos, la publicación de rentas, bienes e intereses y los socialistas incluyen la prohibición expresa de sobresueldos, lo que alude al cobro por parte de la presidenta de Aragón de un sueldo de su partido además del institucional. También señalan: "Prohibición del cobro de retribuciones, sueldos o indemnizaciones de más de una institución" y que las retribuciones salariales de cargos públicos sean "explicables públicamente y aceptables". Este apartado los populares lo zanjan menos explícitamente: "Fijación de las retribuciones de los cargos públicos atendiendo al ámbito de su responsabilidad".
Parte de los puntos de ambos inciden en la corrupción y la relación que los partidos deben tener cuando surge un caso en algunos de ellos. Con algunos matices, ya que los conservadores se extienden en ocho puntos sobre esta cuestión, mientras que los socialistas son más escuetos y lo resumen en dos. De este modo, el PP pretende "acometer las medidas legales necesarias que permitan apartar de su responsabilidad a cualquier cargo público en el momento de la apertura de un juicio oral por delito de corrupción o gestión de fondos públicos". El PSOE: "prohibir que formen parte de listas electorales personas afectadas por la apertura de juicio oral o imputadas por delitos de corrupción" y en otro punto: "suspensión provisional de sus responsabilidades a los imputados e imputadas sobre indicios claros por corrupción".
Además, los populares pretenden "aumentar el periodo de prescripción de delitos por corrupción" para equipararlos "a los delitos de mayor gravedad" , tipificar otros delitos relacionados con "la financiación y la gestión de los partidos" e inhabilitar de por vida "a condenados por corrupción para el ejercicio de cualquier cargo público o representación política", entre otras medidas.
Además de esto, la transparencia y el acceso de información al ciudadano es el apartado más extenso y en el que también hay más similitudes entre populares y socialistas.
