El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Lafuente, ya ha renunciado este año a cobrar miles de impuestos, tasas y multas por valor de más de 3,3 millones de euros, cerca de 550 millones de las antiguas pesetas. Así lo revelan los datos oficiales del servicio de Contabilidad que hizo ayer públicos el grupo municipal del PAR, que cuestionó la gestión recaudatoria socialista, a la que llegó a calificar de "nuevo despropósito". Por ello, exigió la creación de una nueva oficina notificadora para ganar eficacia.

El informe municipal revela que el área económica, gestionada por el catedrático fichado por el alcalde, Juan Alberto Belloch, ha anulado recibos ya incobrables de entre los años 1990 y 2003 por un importe superior a los 3 millones, a los que se suman los correspondientes al actual ejercicio y que ascienden a más de 262.000 euros.

Sólo los recibos anulados del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de las tasas del agua y de la basura representan más de la mitad del importe total. Estos tres tributos serán los que mayores subidas registrarán el próximo año como consecuencia de la aplicación del plan económico financiero pactado el pasado viernes entre los dos socios del equipo de Gobierno municipal, PSOE y CHA.

TODO TIPO DE CONCEPTOS Entre las facturas prescritas y fallidas y las anuladas como consecuencia de errores en su emisión o las correcciones en la base fiscal figuran cobros de los impuestos de Actividades Empresariales (IAE), de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de plusvalías y de circulación. También hay centenares de multas de tráfico y sanciones por infracciones urbanísticas y de ordenanzas.

De la lista tampoco se excluyen licencias de apertura, tasas por la ocupación de la vía pública, ejecuciones subsidiarias de obras, intereses de demora, extinción de incendios y hasta aprovechamientos en montes. El importe oscila entre 1,10 euros de 1995 correspondiente a intereses de demora y los 574.205 euros de recibos del IBI del 2003 anulados.

PRACTICA HABITUAL Para el portavoz del PAR en la comisión de Economía, Fernando Arcega, supone un "nuevo despropósito" la anulación de tantos recibos, que se suman a los prescritos o fallidos durante los últimos años y que sumaban varios miles de millones de las antiguas pesetas. "Nos parece un derroche renunciar a un dinero que ahora, más que nunca, no le sobra a este ayuntamiento, y que podría destinar en alguna de las cientos de mejoras que demanda la ciudad", dijo.

Fernando Arcega criticó que la "excesiva lentitud" en la tramitación y la notificación fuera de plazo de los recibos explique buena parte de las prescripciones. "Se ha convertido en una práctica habitual de los sucesivos equipos de Gobierno y nunca se buscan soluciones imaginativas", añadió.