La política de retribuciones e indemnizaciones aplicada en la entidad fue "desigual, desproporcionada y poco transparente" en el equipo directivo de máxima responsabilidad. El dictamen alude a contratos de alta dirección de carácter especial y pensiones vitalicias, que servían para crear una "red clientelar con la estructura directiva", lo que reveló una "notable falta de principios éticos". Como ejemplo figuran los contratos de los exdirectores generales (García Montes y Luis Miguel Carrasco) y de Juan A. García Toledo, exdirector adjunto.
