El pago de la deuda del tranvía y el Impuesto de Contaminación de las Aguas, conocido como ICA, fueron los temas que centraron los escasos encuentros que hubo en la pasada legislatura entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto a la ley de capitalidad. Ayer, pasó todo lo contrario y, aparentemente, pasaron a un segundo plano. Un hecho que fue criticado por Podemos, que acusó al alcalde, Jorge Azcón, de «dejación de funciones».

El presidente del Gobierno, Javier Lambán, dejó en manos de los tribunales el asunto, evitando cualquier atisbo de polémica por las diferencias en los pagos pendientes por la construcción de la línea 1. Recordó que existen discrepancias técnicas entre ambas instituciones que «se dirimirán con una sentencia judicial que acataremos». Mientras que la intervención municipal reclama 40 millones, la autonómica la reduce a tan solo 8. El alcalde, Jorge Azcón, guardó silencio y evitó hacer declaraciones al respecto.

Algo parecido sucedió con el ICA. Hace pocos días que Azcón declaró que iba a exigir a la DGA que los ingresos obtenidos por el ICA revirtieran directamente en la ciudad, en cambio, ayer también optó por la prudencia y el silencio.

Sí que lo hizo el presidente, que recordó que se trata de un impuesto que afecta a todos los municipios de la comunidad y que es intención del cuatripartido surprimirlo y reformarlo. Un acuerdo que dijo «involucrará» al mayor número de municipios, y entre ellos estará también Zaragoza.

También dejó claro que este asunto «forma parte de un ámbito de actuación que excede de la bilateral y que Las Cortes serán «el escenario para el hallazgo de la solución». Esto no significa que no se trate en las comisiones previas a la bilateral, donde Zaragoza pondrá sobre la mesa sus exigencias.