Dice el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que han sido los vecinos los que han puesto el foco en el problema, más allá de que el Plan Especial de Protección y Mejora Zamoray-Pignatelli presentado ayer por el ayuntamiento conciba algunos cambios estructurales en el área. Hay 22 millones, o habrá o debería, para mejorar el espacio urbano, dotar a la zona de nuevos equipamientos y actuar en la habitabilidad de las viviendas con el fin último de mejorar la seguridad de esta zona emblemática de la ciudad donde tranquilidad desapareció años. El «foco» son los okupas. «No todos», solo aquellos que aderezan su establecimiento con prácticas ilegales que el ayuntamiento relaciona directamente con la delincuencia. Ahí coinciden con un buen número de vecinos que encuentran la gravedad del asunto en la infravivienda que han señalado nada menos que en 102 edificios.

Serrano no se cortó un pelo a la hora de explicarlo. «La propia okupación de viviendas coadyuva al fin delictivo. Quien vende droga la vende ahí; quien esconde droga la esconde ahí; quien crea problemas de convivencia se refugia ahí», dijo el concejal, que entiende que la degradación social «ha ido de la mano» de la degradación urbanística. «Cuando se habla con los vecinos de la zona, ponen el foco en el problema social y de la okupación de vivienda. Como ayuntamiento tenemos una obligación primera, que es diferenciar qué delitos causan problemas de orden público y cuáles no», explicó el edil.

Dejó bien claras sus intenciones el edil de Urbanismo: «Vamos a desalojar a aquellos que utilizan un espacio concreto con fines delictivos. Nadie que no esté creando problemas de seguridad tendrá problemas, pero vamos a intentar desalojar a quienes usan viviendas abandonadas para cometer delitos que destrozan la convivencia». Por si acaso, lo remató poniendo un ejemplo poco común: «Tan importante es que no se caiga una cornisa de un edificio encima de un vecino como que no se cometan delitos que puedan acabar con la vida de ese vecino», sentenció.

El presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, Alfonso Mendoza, explicó que es un trabajo que lleva «meses» preparándose, aunque casualmente se haya presentado unos días después de que El Gancho viviera su peor semana en años, con lluvia de piedras y tejas, un tiroteo, un apuñalamiento y numerosos detenidos en operaciones antidroga. «No queremos construir una nueva porción de ciudad sino recuperar la que ya existe desde la perspectiva de la seguridad que nos dará la convivencia», explicó el concejal de Interior.

Mendoza anunció que las cámaras de videovigilancia del proyecto piloto para la mejora de la seguridad del entorno se podrían instalar este mes. Se colocarán «en cuanto tengamos el ok de la delegación de Gobierno, al día siguiente». Para después del puente de la Inmaculada está previsto que estén ya instaladas. «No es sencillo colocarlas en el vial público por un problema de protección de datos, pero se habilitarán pronto», dijo Mendoza, que explicó que cuando se evalúe el resultado (positivo, se supone) de estos dispositivos, se extenderán a otras áreas que se estimen necesarias».

«Es un problema en el que todas las administraciones tenemos que actuar para que Pignatelli no se nos vaya de las manos. Tenemos que mejorar el espacio, los equipamientos y las viviendas con el fin último de mejorar la seguridad», dijo Víctor Serrano, que elogió el trabajo del subdelegado del Gobierno en Aragón: «El plan tiene como filosofía conocer su historia, su tejido social. Ramón Betrán consigue extraer la esencia de lo que ha sido esta área, hacer una foto muy potente de las características sociales, con muy pocos niños y mucha población mayor, pero también mucha gente joven aunque sin arraigo».

La actuación presentada ayer se centrará en los equipamientos, el viario público y la vivienda. Aplicará medidas urbanísticas con el objetivo de regenerar la zona y reducir el declive de un área afectada por problemas de calado social y de orden público. Serrano insistió que conocen muy bien «cuáles son los instrumentos» más problemáticos «y vamos a intervenir» para su desalojo. «Tenemos la obligación como ayuntamiento de atender primero a los problemas de seguridad. Hay que intervenir ya, no podemos permitir que esta zona se nos vaya de las manos. El mensaje que tenemos que mandar es de tranquilidad, que sepan que se está trabajando y que no los vamos a dejar solos», concluyó el concejal del área.