Desde que el Gobierno central aprobó el Plan Hidrológico Nacional su política hidráulica ha defraudado a la Comunidad Autónoma aragonesa: primero dando el visto bueno a un trasvase de agua del río Ebro con el que no están de acuerdo los aragoneses, después ignorando a los miles de ciudadanos que se han manifestado contra este trasvase, luego retando incluso a las instituciones europeas y asegurando que, haya o no haya financiación de Bruselas para este plan hará el trasvase.
Una postura y actitud que muestran la arrogancia y prepotencia del Partido Popular, ya no sólo con los aragoneses sino también con los agricultores de Levante a quienes el Partido Popular ha prometido que llevaría agua porque, de no contar con la financiación suficiente para el gasto de tal trasvase ¿cómo la llevarán a cabo? Sirva como ejemplo lo que ha pasado a los usuarios de Santaliestra, quienes tuvieron que solicitar un aval para financiar el 50% del coste de las obras de dicho embalse. ¿Va a pasar lo mismo con los usuarios levantinos? ¿Se les ha informado de ello?
El Gobierno central ha demostrado irresponsabilidades con los ciudadanos en otros puntos. En su entusiasmo de sacar adelante el proyecto trasvasista y con una actitud claramente electoralista, el ministerio de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental del trasvase. Lo hizo a medias tintas, al menos en lo que a contenido de la misma se refiere. Sirva como demostración las propias palabras de la declaración que reconoce que "no están definidas las zonas concretas que se regarán con el agua del trasvase, sino tan sólo las grandes zonas de demanda". Sin lugar a dudas una declaración ambigua pero que en caso de que el agua no fuera sólo para usos agrícolas permitiría al PP ampararse en este punto.
EN DICHA declaración, concretamente en las páginas 36 y 37 de las 51 que tiene el documento, no se argumenta con exactitud cuáles serán los impactos en destino porque el propio Gobierno central los desconoce. No obstante, mantiene sus prisas por poner la primera piedra del trasvase y tampoco esconden el motivo: será antes de que acabe la legislatura.
¿A quién pretende engañar el Gobierno central? ¿A los agricultores levantinos a quienes han prometido agua? No lo conseguirán, al igual que tampoco lo ha conseguido con los aragoneses. Llegan a Aragón cargados de mensajes ofensivos hacia los aragoneses; acusan de falta de patriotismo por recurrir a instituciones europeas para defender la tierra aragonesa ¿o es que al PP no le interesa Europa ni Aragón?
En proyectos como el del trasvase del Ebro sobran las palabras. Basta con ver la voluntad de los aragoneses y ver cuál es la respuesta del Gobierno central al respecto: negarla, taparse los oídos y culpabilizar a la demás y si es la oposición mejor.
La declaración de impacto ambiental aprobada el pasado 5 de noviembre era indefinida, una característica que sin lugar a dudas busca el Partido Popular pensando ya en las próximas elecciones generales.
EL PLAN Hidrológico Nacional incluye, además del trasvase, grandes mentiras. La primera de ellas es que al Ebro no le sobra agua y ésta es una de las cuestiones que la comisión europea estudia en estos momentos con los argumentos aportados tanto por los defensores del trasvase como por los científicos y otros técnicos que explican detalladamente por qué el río sería incapaz de soportar el trasvase.
Además de este sólido argumento hay otros que sirven de base para rechazar el trasvase del Ebro, por ejemplo el precio de las obras o los desastres ecológicos que conllevaría.
Así pues, si en la propia declaración de impacto ambiental se asume esa incertidumbre de a dónde irán las aguas trasvasadas ¿por qué habríamos de creernos que el trasvase se va a hacer? ¿O acaso sí sabe el Gobierno del Partido Popular el destino de las aguas trasvasadas?
*Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
