La operación financiera diseñada por el Real Zaragoza para salir del atolladero económico que supuso el año en el abismo de la Segunda División se ha encallado, al fallar una de las cuatro patas sobre las que está diseñada. El ayuntamiento de la capital no puede legalmente corresponder a la petición de avalar una cuarta parte del préstamo necesario para cuadrar las cuentas de la sociedad anónima deportiva.
Frente al compromiso del Gobierno de Aragón, del presidente del club, Alfonso Soláns, y del consejo de administración, de responder alicuotamente de 24 de los 32 millones que la entidad dice precisar, el consistorio sólo es capaz de prometer fórmulas de apoyo directo, pero nunca sumarse al aval en las mismas condiciones que el resto. La intervención municipal ya ha manifestado que sería ilegal tomar esta decisión para favorecer a una empresa ajena al ayuntamiento, por más que ésta rija los destinos del principal icono deportivo aragonés y cumpla además una función social.
Hecha esta breve descripción del estado actual de la operación, el verdadero meollo de la cuestión es si las instituciones públicas deben implicarse o no en el aval solicitado desde la entidad zaragocista. Y éste es un asunto de naturaleza meramente política, por lo que no sirve sólo con despejar las dudas jurídicas que suscita. Existe división de opiniones entre los responsables públicos y entre la propia afición respecto del aval al Real Zaragoza, y esto es así porque nadie ha respondido con sinceridad a la pregunta clave: ¿tenemos que avalar con dinero público la gestión de una entidad privada que sigue bajo los designios de unos responsables cuya torpeza envió al equipo a Segunda División?
El descenso de categoría no ha sido aprovechado por el equipo para plantear la verdadera revolución que necesita el club. Se cambió al entrenador y se habilitó a Miguel Pardeza para una dirección deportiva que fue gestada siguiendo los dictados de moda en el fútbol español. ¿Y qué más? Algunos rectores del club, y no me estoy refiriendo a la propiedad, siguen en sus asientos, sin que nadie, salvo el aficionado, haya pagado por el desaguisado de la nefasta campaña 2001/2002. Y qué duda cabe que solicitar un aval en estas condiciones puede ser percibido para muchos como una auténtica equivocación.
De hecho, como hubiera ocurrido en cualquier otra actividad privada, antes de pedir el apoyo de las instituciones públicas, la entidad debería haber explorado posibilidades. Y la ampliación de capital, por ejemplo, hubiera podido ser una buena salida. Hace ya un año que comenzaron las reuniones entre DGA y Real Zaragoza --en aquel momento se pretendía que el Gobierno aragonés asumiera un aval por el cien por cien de la deuda-- y en ningún momento se ha planteado una alternativa al aval público.
Tampoco se ha explicado suficientemente cómo se controlarán a partir de ahora las finanzas del club. ¿Se va a sentar en la mesa del consejo zaragocista algún miembro de la administración o de las administraciones avalistas? Y sobre todo, ¿estos enviados, caso de ser nombrados, tendrían capacidad de influencia o de veto sobre las decisiones que allí se tomen y de cuyo acierto dependerá el futuro económico de la entidad?
Como dice el refrán, no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague, y las garantías de esta operación no han sido suficientemente explicadas ni desde el club ni desde las instituciones públicas. De hecho, en una extraña alteración de papeles, las explicaciones más prolijas sobre la operación no han venido desde la DGA o el Ayuntamiento de Zaragoza, sino desde la propia sociedad anónima deportiva, cuando el interés general obliga primero a una explicación detallada del gasto público y, posteriormente, de los vericuetos financieros de un equipo de fútbol, por importante que éste sea en el entramado deportivo e incluso identitario de la región.
En el análisis de esta operación se puede caer en el error de comparar las ayudas públicas que recibe el Zaragoza con la situación de otros clubs de primera, claramente desfavorable para el equipo aragonés. Pero el modelo ideal del fútbol español debería ser el de sociedades deportivas solventes, independientes de los poderes públicos y con las cuentas saneadas. Del mismo modo que los equipos tienen derecho a llamar a la puerta de la Administración para pedir clemencia financiera, éstos deberían solicitar que se obrara con el ejemplo. Y que se sepa, los futbolistas siguen encontrándose entre los principales clientes de los concesionarios de coches de lujo. Una grave contradicción reveladora de las dudas que suscita el aval.
En unas fechas en las que además se ha abierto un debate público sobre la precariedad de las instalaciones del fútbol base en Aragón, con suspensiones de cientos de partidos cada vez que llueve un fin de semana, hay explicar muy bien por qué se ha decidido esta operación. Sea cual sea la aportación final de las administraciones, el Zaragoza está obligado a emprender de una vez una renovación integral acorde con los deseos de sus 30.000 abonados y de los cientos de miles de aficionados que sienten sus colores. El equipo tiene que comprometerse para iniciar un nuevo ciclo fijándose en equipos como Valencia o Deportivo con el objetivo de crear un club ganador, con una estructura técnica y directiva reforzada. Urge la profesionalización de todos los estamentos, puesto que al margen de las consecuencias económicas por el descenso la trayectoria del club en los últimos años denota importantes vacíos de gestión.
Es el momento de hacerlo; aún no es tarde. El aval al Zaragoza desde las instituciones públicas sólo se comprenderá a medio plazo si se formalizan estos cambios. La ayuda pública no debe ser un simple paño caliente. Ese sería el error.
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