El Tribunal Constitucional está en condiciones de ofrecer al Gobierno lo que éste le había solicitado. Vistas las dificultades existentes para declarar nula la propuesta de nuevo Estatuto vasco, aún un mero proyecto sin fuerza de ley, la mayoría de los magistrados se inclinan por derogar la decisión con que la Mesa del Parlamento aceptó el texto a trámite. Así se lograría el objetivo deseado, que no es esclarecer una discrepancia de técnica jurídica sino impedir que se debata el tema de fondo en la Cámara.
El plan del lendakari Ibarretxe encierra una reforma profunda de la Constitución. Es tan legítimo como discutible en su contenido, resulta abiertamente inoportuno mientras ETA siga existiendo y presenta serias dudas formales en las formas elegidas para tramitarlo. Pero la confrontación política que inevitablemente se debía abrir ante esta propuesta puede acabar donde no debía, en la vía muerta de los tribunales.
Una parte ha elegido la vía de los hechos consumados y la otra, la utilización de la justicia con finalidades partidistas, la amenaza de restringir el autogobierno y la descalificación del discrepante. Es una dramática renuncia a hacer política de altura.
