El Gobierno de Aragón presentó ayer un paquete de medidas legislativas para hacer frente al trasvase del Ebro. La más llamativa de todas, y probablemente la que más eco reciba en los medios nacionales, sea la presentación de recursos contenciosos como primer paso de una vía judicial que puede terminar en el Tribunal Supremo. Pero hay otras cuestiones aprobadas ayer, referentes a la protección del embalse de Mequinenza y a las masas de aguas superficiales que no son baladís y que, a medio plazo, pueden tener efectos nítidos sobre el Plan Hidrológico Nacional. Las directivas europeas son especialmente exigentes con el mantenimiento o la mejora de la calidad de las aguas, y estas iniciativas del Ejecutivo regional, lejos de contravenir este espíritu proteccionista comunitario, lo ponen en valor. De ahí que se pueda calificar de acierto la decisión de la DGA, aun reconociendo que ante una colisión legislativa entre un texto legal superior, como el PHN, y uno autonómico, lo más lógico es que el Gobierno central pueda incluso recurrir la normativa aragonesa. Frente al mensaje de seguridad del PP con su proyecto hidráulico faraónico, medidas como las diseñadas por nuestro Ejecutivo regional muestran que al trasvase le quedan aún escollos por superar.
