España es uno de los países más ruidosos del mundo y la falta de voluntad política para atajar este importante foco de contaminación, que se ha demostrado muy perjudicial para la salud, puede llevar a nuestro país a ocupar el primer puesto de este indeseable ránking. En el reciente Congreso Nacional contra el Ruido celebrado en Zaragoza, en el que han participado un centenar de asociaciones de toda España, se ha puesto de manifiesto que la movilización ciudadana puede ser lo más eficaz para luchar contra la actual desidia administrativa, porque ni la ley estatal contra el ruido ni las distintas normas autónomicas resultan suficientes para frenar lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado como "grave atentado contra los derechos fundamentales".
La cuestión se agrava aún más cuando ni siquiera existe una normativa autonómica, como es el caso de Aragón que está pendiente de desarrollarla, o cuando las normas municipales se incumplen de manera reiterada. Pero de poco servirían las normas si no existiera de antemano una buena disposición ciudadana para hacer valer los derechos cívicos. Sólo así se conseguirá que la administración y los responsables del ruido sean más sensibles con el problema.
