Durante la prolongada huelga de médicos especialistas del 2004 se suspendieron en los hospitales aragoneses cerca de 600 operaciones y otros actos médicos menores al día. Cuando se cerró el conflicto, el Servicio Aragonés de Salud se vio obligado a impulsar medidas complementarias como las operaciones por las tardes y se amplió la concertación con los centros privados. A pesar de todo, se produjo un deterioro lógico de los servicios prestados y, según hemos conocido a principios del 2005, la espera media de los aragoneses pendientes de someterse a una operación ha crecido cuatro días desde entonces. Además de estos datos globales, la huelga del año pasado dejó muy tocados servicios con gran presión asistencial, especialmente en el principal hospital de la comunidad, el Miguel Servet.
Con este antecedente, hay que saludar positivamente la desconvocatoria del paro previsto en la sanidad pública durante la semana que ahora termina. Los ciudadanos y el propio sistema público son, al final, los más perjudicados en conflictos de esta naturaleza. Pero el aspecto más relevante en el análisis del día después del acuerdo debe ir necesariamente encaminado a evaluar los beneficios que puede suponer a medio plazo para reforzar la sanidad de todos. Si importante es evitar la herida, no lo es menos la mejora de las expectativas de futuro. Tras años muy convulsos, esta paz sanitaria debe actuar de entrada como un bálsamo que mejore las relaciones de los trabajadores con los gestores. Y ser, además, el punto de partida para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y un afianzamiento de los profesionales más jóvenes, que mejoran claramente sus perspectivas dentro del sistema público.
La valoración del acuerdo será positiva si realmente estimula el sistema. De entrada, da la sensación de que las dos partes en conflicto han salido ganando. Los médicos y el resto de personal sanitario se garantizan mejoras retributivas para los próximos tres años mientras la Administración consigue un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos del Salud con nuevas fórmulas de prolongación de jornada, que permitirán ofrecer por la tarde servicios médicos que hasta ahora estaban acotados a las mañanas. Es de esperar que el desembolso de 35 millones de euros en tres años al que deberá hacer frente la DGA tenga su repercusión inmediata en un incremento del número de intervenciones, pruebas y consultas en general, lo que permitirá reducir las listas de espera y disminuir los conciertos con los centros privados. Ahora bien, este deseo deberá convertirse en realidad, y sólo los datos confirmarán o negarán la virtualidad del acuerdo. Y a fe que, además de que los médicos se fidelicen al sistema público, deberán emprenderse medidas estructurales más profundas como la mejora y la renovación tecnológica, la organización más racional de los recursos y una mayor claridad en el papel que debe jugar cada hospital aragonés. La mejora de la sanidad pública no sólo depende de que médicos y enfermeras estén más satisfechos por lo que cobran.
Otro asunto relevante es explicar el impacto del acuerdo adoptado en el siempre deficitario, y casi imposible de cuadrar, presupuesto sanitario. No en vano, el año pasado, sin mejoras salariales del tenor de las firmadas esta semana, el Gobierno tuvo que rebañar las cuentas de la comunidad autónoma buscando partidas no ejecutadas para poder afrontar obligaciones económicas como el pago de nóminas y salarios.
En este contexto, y aunque sean materias separadas, está pendiente el acuerdo estatal para la mejora de la financiación sanitaria al que tanto el presidente Iglesias como el consejero Bandrés se encomiendan cada vez que se les recuerda la insostenibilidad de las cuentas en la sanidad pública aragonesa. Lo más probable es que se llegue a la determinación de que hay que incrementar los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, amén de igualar los impuestos específicos, como el céntimo sanitario en la gasolina. Aragón es una de las comunidades que asumió la Sanidad en diciembre del 2001 que no lo ha aplicado, aunque ha habido otras regiones en situación similar, como Asturias, que sí lo han aplicado.
También habrá que estar atentos a la repercusión del pacto con médicos y enfermeras para el resto de la función pública. Los sindicatos de clase y, sobre todo, los profesionales y licenciados con cierto grado de responsabilidad en la Administración, denuncian una excesiva alegría en el talonario para la sanidad y van a pelear hasta el final porque el conjunto de la clase funcionarial se vea beneficiada por más y mejores acuerdos laborales. UGT, CCOO y CSI-CSIF insisten en extender las mejoras pactadas con los sanitarios y vinculan cualquier decisión en firme a la negociación conjunta en la Mesa de la Función Pública, único órgano de la Administración que representa por igual a todos los empleados públicos.
Se ha firmado la paz sanitaria pero, como se ve, aún quedan muchos flecos para dar por cerrado la situación. ¿Habrá fondos para todos?
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