El Tribunal Supremo decidió ayer por unanimidad anular las candidaturas de Aukera Guztiak a las elecciones vascas. Por más que el lendakari Ibarretxe insista en que la anulación de estas listas es una decisión política, el fallo de ayer es una aplicación directa, en el ámbito de la justicia, de una ley de partidos en vigor, por la que se ilegalizó a Batasuna, por ser una extensión de ETA, y a cualquier formación que le sirviese de cobertura para mantener su actividad. Y hay motivos sobrados para sostener esta continuidad entre ETA, Batasuna y las listas anuladas. Los argumentos sobre los intereses electorales que subyacen tras esta decisión deben ponerse también en cuarentena: será el nacionalismo democrático vasco, por más que diga lo contrario, y no el partido socialista, quien puede verse favorecido en las urnas.
El dictamen definitivo compete al Constitucional. Es un problema complejo, cuando está en juego el derecho a elegir y ser elegidos de miles de ciudadanos. Pero la verdadera decisión corresponde a quienes quieren representar a este colectivo: y pasa por algo tan simple y tan básico para participar en la vida democrática como rechazar que ésta se desarrolle bajo la coacción constante de la violencia de ETA.
